La Audiencia Provincial de Lugo dio este jueves por concluido el procedimiento contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor con la colaboración de la madre de la niña, por hechos ocurridos entre 2017 y 2019.
En la vista, Fiscalía y acusación particular alcanzaron un pacto con las defensas, de modo que ambos procesados admitieron los hechos y lograron rebajar la pena solicitada inicialmente, que ascendía a 27 años de cárcel, hasta una condena de tres años y siete meses. A cambio, se garantizó para la víctima una indemnización de 150.000 euros, muy superior a los 20.000 euros que reclamaba en un principio el Ministerio Público.
Los abusos comenzaron en 2017, cuando la menor tenía 12 años. La madre la obligó en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con el acusado, situación que se prolongó durante dos años, hasta que la niña cumplió 14 años.
La progenitora también se enfrentaba a cargos por malos tratos, al admitir que golpeaba a su hija cuando lloraba durante las agresiones, una conducta por la que el hombre se quejaba. Por cada encuentro, la menor recibía 50 euros, de los que debía entregar la mitad a su madre.
Finalmente, ambos aceptaron una condena de 3 años, 7 meses y 4 días de prisión, que cumplirán íntegramente mediante ingreso en un centro penitenciario en los próximos días, por delitos de agresión sexual e inducción a la prostitución.
Además, al hombre se le impone la prohibición de aproximarse a la víctima durante 6 años, seguida de un periodo de libertad vigilada de 5 años, así como la inhabilitación para desempeñar trabajos en contacto con menores durante otros 8 años.
En el caso de la madre, se fija la misma pena de prisión, a la que se añaden 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el maltrato, un alejamiento de 6 años y la suspensión de la patria potestad durante 1 año. Tampoco podrá ejercer actividades profesionales o voluntarias con menores durante 8 años.
Esta notable reducción de la condena se alcanzó con el beneplácito de la víctima, que actualmente es mayor de edad y “busca únicamente una reparación económica a la altura de los hechos”, según explicó el letrado de la acusación particular, Jacobo Vázquez.
El abogado detalló al término de la sesión que la Fiscalía reclamaba 20.000 euros, mientras que la acusación particular planteó desde el inicio una compensación de 300.000 euros. Finalmente se fijó una indemnización de 150.000 euros, de los que ya se han abonado 100.000, y el resto se pagará a razón de 10.000 euros anuales.
“Los dos acusados ya iban a recibir una importante rebaja en las penas por dilaciones indebidas en el proceso, que se retrasó más de cinco años, y también por la reparación del daño, debido a que ya ingresaron en la cuenta de la víctima 100.000 euros. Pero, lo importante es que ella con este dinero pueda rehacer su vida”, concluyó el abogado.