La Fiscalía de Málaga ha confirmado la acusación contra dos sacerdotes, solicitando tres años de prisión, al acusarlos de emitir declaraciones que podrían constituir un delito de odio hacia migrantes, la comunidad musulmana y el islam. Asimismo, se acusa al responsable de la plataforma donde se emitieron dichas declaraciones, solicitando para él cuatro años de cárcel.
Este miércoles, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha concluido la vista del caso, donde el fiscal ha argumentado que los comentarios realizados en 2017 «lejos de ser un ejercicio de libertad de prensa, entran dentro de la consideración de delito de odio». La Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia también ha participado como acusación tras presentar la denuncia inicial.
En su intervención, el sacerdote Custodio Ballester ha explicado en el juicio que sus palabras en la web ‘Alerta Digital’ y en un programa por streaming, originalmente centrados en el yihadismo, no buscaban generalizar a todos los musulmanes. Se refirió a ellos como «mancha depredadora», «termitas», y afirmó que es «imposible un diálogo con el islam», pero matizó que se refería al yihadismo radical y no a todos los musulmanes del mundo.
Por otro lado, el sacerdote Jesús Calvo, durante su declaración por videoconferencia, reconoció haber escrito sobre «refugiados invasores» y comentó sobre la «incultura» de ciertos migrantes, argumentando que sus palabras derivaban de teorías conspirativas sobre la mezcla de razas, pero que su intención nunca fue ofender a nadie.
Armando Robles, director de ‘La Ratonera’ y responsable del sitio web, defendió su derecho a la libertad de expresión, asegurando que no promueve el odio sino que se centró en el yihadismo radical. En el juicio también participó la presidenta de Musulmanes contra la Islamofobia, quien expresó su preocupación por los mensajes de odio que podrían aumentar la hostilidad hacia su comunidad.
El fiscal ha destacado la importancia de distinguir entre la libertad de expresión y el discurso de odio, mientras que las defensas han pedido la absolución de los acusados, argumentando que no se ha demostrado un ataque directo a un grupo específico. El juicio ha generado un notable apoyo público hacia los sacerdotes, con manifestaciones en Málaga y Madrid, donde se han recogido miles de firmas en su defensa.











