QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un magistrado ha iniciado un proceso judicial contra un miembro de la policía local de Santander por un supuesto delito de violación de la intimidad. Este agente ingresó repetidamente y sin permiso a la base de datos del Sistema VioGén, donde están registrados los datos de una mujer víctima de violencia de género a quien no se le había asignado protección.
Según el documento judicial del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander, obtenido por Europa Press, el policía intentó manipular el sistema para disminuir el nivel de riesgo asignado a la víctima, originalmente categorizado como medio, al considerarlo excesivo.
El policía implicado estaba asignado a la Oficina de Protección de Víctima (Oprovic). Informaciones indican que previamente fue arrestado por un supuesto delito de revelación de secretos al informar al líder de una red de narcotráfico en Cantabria, quien casualmente es el presunto agresor de la mujer y también arrendador del agente.
El documento también critica los procedimientos en Oprovic por ofrecer protección a un individuo acusado de violencia de género simplemente porque presentó una denuncia contra su víctima. Entre agosto y noviembre de 2023, el agente consultó alrededor de diez veces los datos de la víctima, incluyendo su nivel de riesgo, y contactó con el policía nacional encargado de su protección para que se reevaluara el riesgo a bajo, lo que finalmente ocurrió por iniciativa del agente competente, según el auto.
DESESTIMACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
La defensa del agente solicitó el cierre del caso argumentando que el acceso no constituye un delito, pero el juez desestimó estas alegaciones, continuando con el procedimiento abreviado que podría resultar en una condena de hasta cinco años de prisión e inhabilitación de seis a doce años.
El auto del 20 de mayo de 2025 también solicita que el caso sea revisado por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas para proceder con la apertura del juicio oral.
En cuanto a las explicaciones de la defensa, el juez afirmó que aunque el acceso al archivo en sí no es delito, el acceso a los datos sí lo es, y rechazó los argumentos del investigado, que justificaba su acción como una verificación de órdenes de alejamiento o medidas en vigor. Adicionalmente, señaló que intentar modificar el nivel de riesgo de una víctima sin estar autorizado para protegerla cumple con los requisitos de un delito contra la intimidad.
DECLARACIONES DE LA ALCALDESA
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, mencionó que se enteró del caso a través de los medios y subrayó la importancia de informarse bien antes de tomar cualquier decisión sobre el asunto.
