Un magistrado de Tarragona ha acusado a Cristóbal Montoro, quien fuera ministro de Hacienda por el Partido Popular, de usar su posición para legislar a favor de compañías gasíferas vinculadas a un bufete de abogados, Equipo Económico (EE), que él mismo fundó antes de su mandato gubernamental, revela un auto judicial obtenido por Europa Press.
De acuerdo con un reporte de ‘La Vanguardia’, en este caso se ven implicadas 28 personas y seis entidades por sospechas de siete delitos incluyendo cohecho y fraude gubernamental, entre otros.
El documento judicial del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona expone que estas acciones habrían permitido a EE proponer cambios legislativos que favorecieran sus intereses financieros, perjudicando al sector público.
Las investigaciones destacan la intención de aprobar modificaciones que beneficiaran únicamente al sector gasístico, excluyendo a otras industrias afectadas por altos costos eléctricos.
Asimismo, se señala que las empresas de la AFGIM tuvieron un papel en la redacción del borrador legal que les concedería ventajas fiscales, lo que podría considerarse una delegación inapropiada de las funciones legislativas de pre-elaboración de leyes y sus reglamentos.
El auto también indica que Montoro presuntamente usó sus facultades legislativas para beneficiar al bufete EE.
El levantamiento del secreto de sumario por parte del juez, tras siete años de investigaciones secretas, ha llevado a notificar a Montoro y a otros ex altos funcionarios sobre su condición de investigados. Estos funcionarios habrían formado una red de influencias para obtener beneficios económicos, según el auto judicial.