QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el tribunal de León, durante la segunda sesión del juicio por el caso del parricidio en Sota de Valderrueda, se han escuchado tanto los testimonios de los forenses como las declaraciones del imputado. Este último ha reconocido su responsabilidad afirmando: “Asumo los hechos ocurridos que se enjuician. Soy consciente de que he sido yo en el estado en el que estaba” y ha añadido que “Los hechos así lo dicen y estoy detenido por ello”. El acusado ha explicado que su consumo excesivo de alcohol le hizo perder completamente el control, llevándole a no reconocer sus acciones ni creer en las acusaciones hasta semanas después.
El incidente, que ocurrió el 29 de diciembre de 2023 y terminó con la vida de su padre el 2 de enero de 2024, fue comentado por el propio acusado en términos que los hermanos calificaron de incoherentes, mencionando anteriormente que “era hora de dar paso a las nuevas generaciones”. A su vez, el acusado ha negado tener deudas o conflictos con su padre, enfatizando su honestidad: “Soy consciente de la muerte de mi padre. No me interesa adornar ni mentir”.
Durante su última intervención, el acusado asumió plenamente los hechos y describió la situación como menos grave de lo que los forenses y abogados han presentado, admitiendo su culpabilidad en la muerte violenta de su progenitor debido a una “intoxicación etílica, es tan simple como eso”.
UNA PERSONA “MUY VULNERABLE”
Los forenses han destacado la vulnerabilidad de la víctima, quien sufría de varias enfermedades crónicas exacerbadas por su pasado laboral en la minería, lo que le requería oxigenación constante y el uso de muletas. Sin embargo, han asegurado que el estado del acusado durante los hechos mostraba que estaba consciente de sus actos, pudiendo agredir y manejar un vehículo, lo cual contradice los efectos del alcohol mencionados por la defensa.
En cuanto a la “amnesia de conveniencia” del acusado, los forenses han descartado trastornos mentales o por consumo de sustancias que justifiquen su falta de memoria inicial.
La acusación particular y el Ministerio Fiscal han pedido la prisión permanente revisable, destacando la premeditación y la vulnerabilidad de la víctima, mientras que la defensa busca una condena menor, argumentando que la víctima no estaba en una situación de vulnerabilidad extrema.
