Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha expresado su preocupación por la “enorme” posibilidad de “riesgo de injerencias políticas” ante la aprobación de la reforma que otorgaría a los fiscales la responsabilidad de dirigir las investigaciones penales. Esta situación se complica por la alta polarización existente en España, según ha indicado.
En unas declaraciones a Europa Press, Oliva ha criticado que la propuesta no asegura “una verdadera autonomía” para el Ministerio Fiscal, lo que podría derivar en una politización del sistema judicial en lugar de modernizarlo. Acentuó la necesidad de “blindar la imparcialidad” de los fiscales para que la reforma constituya un avance y no un riesgo para la separación de poderes.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que se prevé aprobar en el Consejo de Ministros, cambiará el paradigma actual delegando la instrucción de los casos penales de los jueces a los fiscales. Según fuentes del Ministerio de Justicia, esta modificación busca alinear el sistema español con el modelo europeo, donde los jueces se centran en juzgar y ejecutar sentencias, mientras que la Fiscalía se encargaría de las investigaciones.
Además, el proyecto incluirá cambios como la expulsión de los partidos políticos de la acusación popular y la extensión del mandato del fiscal general del Estado a cinco años, entrando en vigor en enero de 2028.