QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva Parrilla, ha respaldado el paro de tres días iniciado este martes por jueces y fiscales en protesta contra las reformas propuestas por el Gobierno en relación con el ingreso a estas profesiones y las modificaciones en la Fiscalía, argumentando que representan «el retroceso más serio en el Poder Judicial durante los últimos 40 años».
En una comunicación a la prensa, Oliva ha criticado que las modificaciones propuestas por la cartera de Justicia, a cargo del ministro Félix Bolaños, constituyen un ataque «contra el derecho ciudadano a una Justicia independiente e imparcial» del ámbito político.
«Queremos una justicia independiente, imparcial, profesional, al servicio de la ciudadanía. Y lucharemos por ello. Lucharemos porque los derechos de la ciudadanía, tus derechos, que están en riesgo con esta ley, no se pierdan», declaró el portavoz de la AJFV, enfatizando la relevancia de esta huelga que cuenta con el apoyo de todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo dos grupos progresistas, y que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de julio.
Oliva expresó su «profundo pesar por los daños» que el paro causará tanto a los ciudadanos como a los profesionales del derecho, razón por la cual se han establecido unos servicios mínimos «que permitan gestionar casos urgentes mientras se ejerce el derecho de huelga».
Además, Oliva añadió que, con el paso del tiempo, «y cuando todos miremos hacia atrás, no queremos reprocharnos ni arrepentirnos de no haber hecho lo suficiente» en contra de una ley que «facilita un acceso arbitrario a la judicatura», favoreciendo a aquellos que ingresan por una vía alternativa «para ascender a la cúspide judicial», o que «limita la participación democrática en los órganos de gobierno».
Asimismo, señaló que las reformas «amplían aún más, si cabe, las facultades del fiscal general del Estado» sobre los fiscales, «con los perjuicios y riesgos que esto implica», y comienzan un proceso de estabilización de 1.004 jueces y fiscales suplentes «contraviniendo los principios de mérito, capacidad e igualdad que nuestra Constitución Española demanda, bajo el engañoso pretexto de una exigencia europea».
Según Oliva, estas reformas lastiman severamente al colectivo de opositores que «día a día, año tras año, sacrifican su vida personal y familiar en pos del anhelo de convertirse en juez o fiscal». «Todos deseamos una justicia moderna y europea, pero esta ley busca exactamente lo opuesto», concluyó.
