QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han renovado sus órganos de dirección en los congresos celebrados el pasado mes de noviembre, en los que también actualizaron sus estatutos, sin variar su postura crítica hacia las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia. Marien Ortega Herrero ha pasado a ocupar la portavocía de la AJFV y Roberto García Ceniceros ha sido designado presidente de FJI.
La asociación Francisco de Vitoria, con cerca de 1.000 integrantes, es la segunda asociación judicial con mayor peso en la carrera. Los días 14 y 15 de noviembre celebraron en A Coruña su 39ª Asamblea General, en la que más de 300 jueces y magistrados escogieron tanto al nuevo comité nacional como a su portavoz.
Marien Ortega, magistrada y titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 de Sevilla, accedió a la carrera judicial en el año 2000. Es la segunda mujer que asume la portavocía de AJFV tras la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que ejerció el cargo entre 1995 y 1999. Toma el relevo del magistrado Sergio Oliva, que ha ocupado el puesto durante los dos últimos años.
En esta última asamblea, la asociación mantuvo sus reproches a los proyectos del Ministerio de Justicia que ya motivaron la huelga del pasado mes de julio.
En esa línea, cuestionaron el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos al entender que deteriora «irresponsable e innecesariamente el sistema de acceso a la carrera judicial».
También respaldaron la petición de moratoria para la implantación de los tribunales de instancia, cuya tercera y última fase está fijada para el próximo 1 de enero, por «la falta de medios, planificación insuficiente y riesgo de sobrecarga estructural».
Asimismo, AJFV decidió «no avalar» a futuros integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que «la carrera judicial en su conjunto no elija de forma directa a los doce vocales del turno judicial». En los estatutos renovados denuncian el «sesgo asociativo» que, a su juicio, se produce en la política de nombramientos del órgano de gobierno de los jueces.
La asociación viene mostrando una fuerte oposición a un sistema de designaciones que consideran que «no refleja la realidad» de la carrera judicial. En julio difundieron un informe en el que señalaban «una flagrante sobrerrepresentación» de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en el CGPJ.
AJFV denunció el «reparto de cromos entre dos bloques» en la elección de los vocales del Consejo y subrayó que el 18% de las plazas recayeron en no asociados «cuando representan el 42% de la carrera judicial».
FJI PIDE “ADOPTAR MEDIDAS DE CONFLICTO”
Por su lado, FJI eligió como nuevo presidente a Roberto García Ceniceros, actualmente destinado en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona y juez desde 1999, en su XXI Congreso celebrado en Albacete el pasado 7 de noviembre. García Ceniceros sustituye a Fernando Portillo, que había agotado el periodo máximo de mandato.
En dicho congreso, los asociados decidieron incluir en sus estatutos la posibilidad de «adoptar medidas de conflicto colectivas», entre ellas la huelga, «si sigue adelante la tramitación» de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el acceso a la judicatura, uno de los motivos que ya condujo al paro de junio.
Del mismo modo, mostraron su rechazo al modelo de Medios Adecuados para la Solución de Controversias (MASC), que obliga a intentar un acuerdo prejudicial antes de interponer una demanda civil o mercantil y que está en vigor desde el pasado 3 de abril en el marco de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Según la asociación, se oponen a los MASC «por la inseguridad jurídica que está produciendo, por el desacierto que supone su exigencia en determinados pleitos y por resultar, en la práctica, un obstáculo más en el acceso a la Justicia por la ciudadanía».
Al igual que AJFV, Foro reclamó que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales del CGPJ. Un sistema que consideran «avalado por el último informe de la Comisión de Venecia», que sostiene que la reforma «debería poner en consonancia el actual sistema de elección de los miembros judiciales del CGPJ con las normas europeas sobre elección por los pares».
También expresaron su rechazo a la atribución de nuevas competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer «sin aumentar sus medios personales y materiales».
APM y JJpD celebraron igualmente sus congresos, el 28 de noviembre en Murcia y el 24 de octubre en Ávila, respectivamente. En ambos casos se ratificó en el cargo a sus presidentes: María Jesús del Barco en APM y Edmundo Rodríguez en JJpD.
APM, AJFV y FJI, FRENTE A BOLAÑOS
Como cierre de su congreso, APM aprobó una declaración institucional en la que «deplora y exige» el fin de los «graves ataques y descalificaciones» contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial tras las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que sostenía que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era inocente cuando aún estaba siendo enjuiciado.
Al acto de clausura asistió el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que salió en defensa de Sánchez recordando que en democracia «se puede criticar y discrepar» de una resolución judicial «con respeto», al tratarse de un «ejercicio democrático», amparado en la libertad de expresión y en la posibilidad de interponer recursos.
«Hoy vienes a vendernos tu producto, como viene siendo habitual, no te lo vamos a comprar porque viene con vicios ocultos y otros tan obvios que son cegadores», le reprochó la presidenta de la APM al ministro, en una intervención que terminó con todos los asistentes puestos en pie y aplaudiendo.
Bolaños acudió también a la clausura de la asamblea de AJFV. En su discurso de toma de posesión, Ortega Herrero reclamó al ministro que «escuche» porque la justicia «está al límite», a lo que el ministro replicó: «Vengo a escucharos y vengo a que me escuchéis».
Foro Judicial Independiente se mostró aún más duro con el ministro Bolaños y reclamó su dimisión por no haber «contado con la opinión de los jueces» en la puesta en marcha de los tribunales de instancia y por «impulsar» proyectos legislativos que consideran negativos. Entre ellos, la asociación cita las reformas en la Fiscalía o la regulación de la acusación popular.
Además, señalaron que el ministro pone «en duda la imparcialidad e independencia de los jueces encargados de investigar asuntos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno».
JJpD PIDE MÁS JUECES
Juezas y Jueces para la Democracia acordó exigir un aumento «significativo» del número de jueces «por ser imprescindible para reducir la sobrecarga estructural de los tribunales, mejorar la prestación del servicio y salvaguardar la salud de la judicatura».
En esta línea, Bolaños anunció en la inauguración del congreso de la asociación que se incorporarán 2.500 nuevos jueces y fiscales. «Vais a tener cargas de trabajo más razonables», aseguró. «Los tribunales de distancia van a ser más flexibles», añadió, señalando que se podrá conocer en tiempo real si el atasco se produce en la jurisdicción social, en la mercantil o en la de violencia sobre la mujer.
Además, JJpD aprobó reclamar «el refuerzo de las secciones de Violencia de Género de los tribunales de instancia», dado que las reformas legales «han incrementado su carga de trabajo, lo que resulta imprescindible para garantizar los derechos de las víctimas».
También se dio luz verde a la petición de equiparar el complemento de insularidad de Baleares al de las Islas Canarias, al considerar que las circunstancias que lo fundamentan son análogas y que no existe motivo para que tengan una cuantía distinta.
