Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, denuncia ser víctima de una “muerte pública” por parte del fiscal general

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado enérgicamente este martes su acusación hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alegando que le ha «matado públicamente» tras la supuesta filtración que lo señala como «el delincuente confeso del Reino de España». “O me voy de España o me suicido”, ha declarado con contundencia. El presidente del tribunal ha respondido a estas declaraciones aconsejándole: «No le recomiendo ninguna de las dos cosas».

Durante la segunda sesión del juicio contra García Ortiz en el Tribunal Supremo por la presunta filtración del 13 de marzo de 2024 a la ‘Cadena SER’ de un correo electrónico crucial, González Amador ha destacado cómo este acto ha devastado su vida personal y profesional. Ha insistido en que la divulgación de dicho correo y una nota de prensa subsiguiente lo han marcado como un confeso delincuente, afectando profundamente su entorno familiar y su estatus social y económico.

«Estoy muerto jurídica, social y económicamente», subrayó, tras lo cual, incluso al finalizar su interrogatorio, solicitó hablar nuevamente para enfatizar el impacto devastador que el caso ha tenido en su vida. Ante sus declaraciones, el juez Andrés Martínez Arrieta le sugirió consultar a su abogado para mejor asistencia.

González Amador también ha explicado cómo se vio involucrado en el escrutinio fiscal desde mayo de 2022, lo que eventualmente llevó a la vía penal en septiembre de 2023. Cambió de abogados y optó por una estrategia de conformidad para resolver el caso «rápido y sin ruido». A pesar de las garantías iniciales, la filtración del correo y las publicaciones subsiguientes hicieron que desconfiara totalmente de la Fiscalía.

El empresario ha concluido enfatizando que se considera un instrumento político como pareja de Díaz Ayuso, aunque ha mantenido un perfil bajo sin apariciones oficiales. “No es que lo diga yo, es que es una cuestión política”, concluyó, resaltando la naturaleza política de su caso legal.