Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se eleve de 150.000 a 300.000 euros. Esta petición se fundamenta en los perjuicios morales que sigue sufriendo por la supuesta filtración de información relativa a un proceso judicial en su contra.
«Los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar directo como consecuencia de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros», expone la acusación particular del empresario.
Desde el comunicado de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, González Amador ha sido continuamente mencionado en los medios como ‘delincuente confeso’ o ‘defraudador confeso’, lo que él atribuye a un esfuerzo por parte de algunos sectores políticos y periodísticos para perjudicar su imagen.
«Lo anterior es la consecuencia directa de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz y de su voluntad de generar un relato político transformando en delictiva la función constitucional del fiscal general del Estado a costa de los derechos fundamentales y legales de Alberto González Amador», argumenta el recurso.
El letrado de González Amador argumenta que la violación a los derechos fundamentales de su cliente ha sido una de las más graves en la historia reciente del sistema jurídico español, solicitando por ello una revisión del monto de la fianza.