El considerado principal intermediario del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, se ha declarado culpable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada en el procedimiento por las supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia. Al mismo tiempo, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que le reconozca una atenuante muy cualificada y que no se le impongan los 7 años de prisión que reclama la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de su “colaboración proactiva con la Justicia”.
Así consta en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado después de que la Fiscalía interesara que el Supremo condene a Aldama por esos tres delitos, proponiendo para él una pena inferior a la solicitada para los otros dos acusados, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, al valorar su “confesión”.
El empresario reconoce un delito de organización criminal, otro delito continuado de cohecho pasivo y un tercer delito de aprovechamiento de información privilegiada, exactamente los mismos por los que Anticorrupción le dirige la acusación.
Pese a ello, la defensa de Aldama sostiene que la pena interesada por el Ministerio Público “debe rebajarse en un grado adicional” debido a su “confesión” y solicita que se le aplique una atenuante “muy cualificada”.
En el escrito se subraya que “Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación”, insiste su representación legal.
Según añade el documento, dicha cooperación “se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados”.
El empresario asume en lo esencial “el relato fáctico” formulado por la Fiscalía y precisa que los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión —la mercantil señalada como núcleo de la trama— por distintas administraciones públicas se lograron “en virtud de sus relaciones con Ábalos y Koldo” y que “facturó globalmente en concepto de comisiones” hasta 6.676.046,08 euros” utilizando otras sociedades.
Aldama rememora que ya manifestó ante el juez que “se proyectó abonar comisiones a Ábalos y Koldo (identificado como 'Goblin'), que le fueron solicitadas por ambos por este concepto en la cuantía de 2.000.000 y 500.000 euros, respectivamente”.
Y añade que “aproximadamente el 50% de las comisiones devengadas” a su favor “se pagarían, en la distribución expuesta, a Ábalos y a Koldo, conforme a las cantidades que le fueron solicitadas por ambos”.
Relación de testigos propuestos
La defensa de Aldama también ha planteado que comparezcan en el juicio como testigos los empresarios Juan Carlos Cueto, supuesto comisionista en el 'caso Koldo', y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como presunto cabecilla de una trama de hidrocarburos vinculada a la empresa Villafuel.
Igualmente, ha solicitado la declaración de personas del entorno personal y familiar de Ábalos y de Koldo. En el caso del exministro, pide que acuda su hijo, así como dos mujeres con las que se le relacionó, Jésica Rodríguez y Claudia Montes. En cuanto a Koldo, reclama la testifical de su expareja y de su hermano.
El listado de posibles testigos incluye también a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en el 'caso Koldo'; al presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, y al ex CEO de Air Europa, Javier Hidalgo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclaman 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el Ministerio Público.
En su escrito de acusación, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, destacó que la “confesión” de Aldama ante el juez se realizó con “manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento”.
Y defendió que no se trata de manifestaciones “auto exculpatorias”, puesto que Aldama “viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la administración pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves”.