El empresario Víctor de Aldama ha sugerido durante su declaración como investigado en el 'caso hidrocarburos' que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le hizo llegar un sobre procedente de la petrolera PDVSA que incluiría datos sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.
Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, el comisionista del 'caso Koldo' ha mantenido que esa documentación estaría vinculada al ámbito de los hidrocarburos, aunque sin relación con Villafuel, la sociedad en torno a la que gira la investigación que instruye la Audiencia Nacional.
Las mismas fuentes precisan que ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha centrado su interés en esa supuesta financiación irregular de los socialistas. Aldama se ha negado a concretar el contenido del sobre y ha remitido al Ministerio Público a alcanzar un posible acuerdo si quiere profundizar en ese punto.
Conviene recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había señalado en uno de sus informes que Aldama dejó bajo custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, “documentación sensible” relativa a la PDVSA.
Los agentes destacaban que en la fotografía reenviada por Escolano a Aldama se observa en la parte inferior del sobre el sello de recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, recogían en su informe.
Fuentes consultadas añaden que el empresario ha relatado igualmente que se celebró una reunión con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con el exasesor ministerial Koldo García, interesados en conseguir unos depósitos fiscales en las islas.
Aldama ha señalado ante el juez que acudió a ese encuentro acompañado del empresario Manuel Salles --también investigado en la causa--, si bien ha insistido en que no guarda relación con Villafuel y que el proyecto de los depósitos fiscales finalmente no prosperó.
ALDAMA ADMITE COMISIONES, PERO NO “IRREGULARES”
De acuerdo con fuentes jurídicas, Aldama ha explicado que Koldo intentaba participar en cualquier negocio o empresa de la que tenía noticia. No obstante, ha defendido que Villafuel no recibió trato de favor y que tardó casi dos años en obtener la licencia necesaria.
En declaraciones a los periodistas tras comparecer, el empresario ha subrayado que sí percibió comisiones, pero que “ninguna irregular”. En concreto, según las mismas fuentes, Aldama ha precisado que cobró 110.000 euros de la mercantil MTM 180.
“Yo no tengo ningún tema de IVA, no soy administrador de ninguna de las compañías que se mencionan, no soy dueño de Villafuel, no soy dueño de las comercializadoras. Y he dejado muy claro en la declaración cuál era mi papel”, ha expuesto ante los medios el también señalado como presunto conseguidor del 'caso Koldo'.
Sobre su vínculo con el empresario Claudio Rivas, Aldama ha indicado que fueron socios “con el tema de restaurantes”: “Con Claudio Rivas, obviamente, yo tengo una relación y no lo voy a negar, y es hasta ahí, pero por un tema inmobiliario”.
En cambio, ha explicado que quien “empieza con el tema de hidrocarburos” es la empresaria Carmen Pano. Ha afirmado que fue ella quien le entregó a él --y no a la inversa-- “entre 40.000 y 50.000 euros” para Ábalos y Koldo.
PANO “NUNCA HA ENTREGADO 90.000 EUROS” EN FERRAZ
En esta línea, ha sostenido que la versión de Pano “no tiene sentido” porque él mismo se ha incriminado en “entregar cantidades muy superiores de lo que ella dice”. “Lo que es mentira, es mentira. (...) Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado”, ha remarcado.
Conviene tener presente que la empresaria ya ratificó en marzo del año pasado ante la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en metálico y en dos pagos en la sede del PSOE, en octubre de 2020, por indicación de Víctor de Aldama.
Respecto al millón de euros que, según la UCO, habría servido para comprar la voluntad del exministro, Aldama ha aclarado que los investigadores suman en esa cifra el valor de la vivienda de La Alcaidesa, en Cádiz, “que son 600 y pico mil euros”, junto con las comisiones procedentes de la empresa Have Got Time. “Ese es el millón de euros. Es un cómputo del total”, ha explicado.
RONDA DE CITACIONES EN LA AUDIENCIA NACIONAL
La Audiencia Nacional ha citado esta semana a declarar a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, exjefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, además de a Aldama, Pano y su hija, a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y a Manuel Salles, administrador de una empresa. Para el viernes se ha llamado también a Álvaro Gallego, que podría estar vinculado a retiradas en efectivo por 108.500 euros.
La UCO ha señalado que Rivas --que se negó a declarar como investigado este miércoles-- era, junto con Aldama, uno de los presuntos cabecillas de la trama, subrayando que ambos “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”.
En su último informe remitido al juzgado, la Guardia Civil sostiene que la red de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo encabezaba Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigidos entonces por Maroto y Ribera.
Según la UCO, esa infiltración se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.
La declaración como investigado de Salles, prevista también para este jueves, ha tenido que posponerse por problemas de salud. Además de escuchar a Aldama, el juez ha tomado declaración a Manuel García, director general de Política Energética y Minas.