El considerado presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, se ha declarado responsable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada ante el juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia. Al mismo tiempo, ha solicitado a la Fiscalía que revise a la baja su petición de 7 años de cárcel, argumentando su “colaboración proactiva con la Justicia”.
Así consta en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reclamado al Tribunal Supremo que condene a Aldama por esos tres delitos y le imponga una pena inferior a la de los otros dos acusados, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, valorando su “confesión”.
En el documento, el empresario reconoce un delito de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de aprovechamiento de información privilegiada, exactamente los tres ilícitos que le atribuye Anticorrupción.
No obstante, Aldama sostiene que la pena solicitada por la Fiscalía “debe rebajarse en un grado adicional” debido a su “confesión” y que se le aplique una atenuante “muy cualificada”. Su defensa invoca la apreciación de dicha atenuante como muy cualificada y su alcance conforme a los criterios del art. 66.1. 2ª del Código Penal.
En esa línea, la representación legal de Aldama subraya que “Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación”.
Según añade la defensa, esa cooperación “se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados”.
El escrito también solicita la comparecencia como testigos de los empresarios Juan Carlos Cueto, señalado como presunto comisionista en el 'caso Koldo', y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como supuesto cabecilla de la presunta trama de hidrocarburos vinculada a la empresa Villafuel.
Además, la defensa reclama la testifical de personas del entorno personal y familiar de Ábalos y de Koldo. En el caso del exministro, pide que declare su hijo, así como Jésica Rodríguez y Claudia Montes, con quienes habría mantenido una relación sentimental. En cuanto a Koldo, solicita la declaración de su mujer y de su hermano.
Aldama incluye igualmente en su propuesta de testigos a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, imputada en el 'caso Koldo', y al presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, piden 30 años de cárcel tanto para el exministro como para su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.