El empresario Víctor de Aldama ha presentado, de cara al juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se celebrará en el Tribunal Supremo --y en el que figura como acusado-- una serie de correos electrónicos intercambiados con la inmobiliaria del piso cuyo alquiler su socio abonaba a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes y también acusado, José Luis Ábalos.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Aldama incorpora la confirmación de la reserva de un apartamento en Torre España, en pleno centro de Madrid, desde el 3 de abril de 2020 hasta el 3 de abril de 2022, junto con otros correos entre la inmobiliaria y su socio Alberto Escolano “por los que se acreditan parte de los pagos de las mensualidades de alquiler efectuados por el mismo”.
De este modo, el documento incluye un justificante de pago de 2.901,65 euros que Escolano remitió a la inmobiliaria en mayo de 2020, otro comprobante correspondiente a diciembre de ese mismo año y un último recibo, fechado en septiembre de 2021, por un importe de 5.803,30 euros.
En fase de instrucción, Jéssica Rodríguez declaró como testigo y manifestó que daba por hecho que el apartamento en el que residió durante tres años era sufragado por el exministro.
Advertencias de desahucio por impago del alquiler
Según se detalla en el escrito, el 3 de diciembre de 2020 una empleada de la inmobiliaria trasladó a Escolano que, si no se regularizaba de forma inmediata el pago del alquiler, tendría que “escalar el problema a la propiedad de la empresa”.
Días más tarde, le remitió otro correo insistiendo en la necesidad de abonar las cantidades pendientes y advirtiendo de que, en caso contrario, se verían obligados a ordenar la “salida inmediata de la propiedad”.
En la misma línea, la empresa comunicó a Escolano que había contactado con Jéssica --quien les indicó que “tampoco tiene cómo conversar” con él-- y que, ante la situación, “se tiene que rescindir” el contrato de arrendamiento.
El último mensaje aportado, fechado el 21 de diciembre de 2021, recoge cómo la inmobiliaria le informa de que ya habían enviado “infinidad de mensajes, un burofax” sin obtener “ningún tipo de respuesta”.
“El siguiente paso es proceder a una demanda de desahucio puesto que no hay ningún tipo de colaboración por tu parte en lo que concierne a los pagos adeudados hasta la fecha”, le advirtió la compañía.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comunicó en 2024 que había hallado “evidencias” de que un presunto “testaferro” abonó 82.298 euros para el alquiler de un piso en Plaza España, en Madrid, en el que residía Jéssica.
Los agentes precisaron que, según la inmobiliaria, se habría satisfecho el alquiler desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, aunque la expareja del exministro continuó viviendo en ese domicilio hasta finales de marzo de 2022.