El empresario Víctor de Aldama ha sugerido en su declaración como investigado en el 'caso hidrocarburos' que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le hizo entrega de un sobre procedente de la petrolera PDVSA que incluiría información relativa a la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han señalado a Europa Press que el comisionista del 'caso Koldo' ha mantenido que esa documentación estaría vinculada con el ámbito de los hidrocarburos, aunque sin relación directa con Villafuel, la mercantil sobre la que pivota esta investigación en la Audiencia Nacional.
Según estas fuentes, ha sido la Fiscalía Anticorrupción quien ha centrado parte de sus preguntas en la posible financiación irregular de los socialistas. Aldama se ha negado a concretar el contenido del sobre y ha remitido al Ministerio Público a la posibilidad de alcanzar un acuerdo si se quiere profundizar en ese aspecto.
Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya hizo constar en uno de sus informes que Aldama dejó en manos de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, “documentación sensible” relacionada con la PDVSA.
Los investigadores detallaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, reseñaban.
Asimismo, las fuentes consultadas explican que el empresario ha relatado que se celebró una reunión con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con el exasesor ministerial Koldo García, interesados en lograr unos depósitos fiscales en el archipiélago.
Aldama ha manifestado ante el juez que acudió a ese encuentro acompañado por el empresario Manuel Salles --también investigado--, precisando que la cita no guardaba relación con Villafuel y que, en cualquier caso, la operación sobre los depósitos no llegó a materializarse.
La Audiencia Nacional citó esta semana a declarar a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, exjefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, además de a Aldama, Carmen Pano y su hija, Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una sociedad, así como el viernes a Álvaro Gallego, que podría estar vinculado con 108.500 euros extraídos en efectivo.
Ronda de citaciones y alcance de la trama
La UCO apuntó que el empresario Claudio Rivas --que este miércoles se negó a declarar como investigado-- figuraría, junto con Aldama, como presunto cabecilla de la red, subrayando que ambos “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”.
La Guardia Civil reflejó en su último informe remitido al juzgado que la trama de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces encabezados por Maroto y Ribera.
Dicha infiltración se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.