Los representantes legales de las organizaciones ‘7291 Verdad y Justicia’ y ‘Marea de Residencias’ expresan su preocupación por la posible prescripción de procesos judiciales relacionados con la falta de traslado hospitalario durante la crisis sanitaria, atribuyendo esta situación a la ‘desidia’ del sistema judicial. Ante esta eventualidad, han advertido que iniciarán acciones legales contra aquellos jueces que, a su juicio, incurren en ilegalidades al no abordar adecuadamente las denuncias presentadas.
Durante una conferencia de prensa, el equipo jurídico del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) ha revisado el estado de las causas activas, coincidiendo con el primer aniversario de la denuncia colectiva interpuesta por 109 familias contra exfuncionarios del Gobierno regional, acusándolos de un delito de negativa de asistencia sanitaria discriminatoria, sancionado en el artículo 511 del Código Penal.
Esta denuncia provocó la apertura de 92 expedientes, de los cuales 73 están en fase de instrucción. Carlos Mur, quien fue director de Coordinación Sociosanitaria al inicio de la pandemia en marzo de 2020, está imputado en ocho de estas causas.
Alejandra Jacinto, abogada del caso, ha informado sobre diez recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid y cuatro recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, relacionados con la negativa de ciertos tribunales a iniciar procedimientos judiciales.
Por su parte, Eduardo Sanz, letrado del equipo, ha destacado que, de producirse la prescripción, procederán a tomar medidas legales contra los jueces implicados. Actualmente, cinco casos están en riesgo de prescripción, aunque todavía no se ha confirmado su extinción penal, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2020.
‘Hay jueces que actúan bien y otros mal. Hay jueces que no han realizado su trabajo y no han investigado. Su actitud puede ser calificada de contraria al ordenamiento jurídico y por tanto ilegal’, ha declarado Sanz.
Además, Sanz ha enfatizado que estamos en ‘un momento en el que Gaza está siendo la tumba del derecho internacional y algo parecido se está produciendo en las residencias con la tutela judicial efectiva’.
Una de las portavoces de Mareas de Residencias ha criticado la impunidad respecto a lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, comparándolo con los daños causados por la Dana en Valencia y los incendios de varias provincias este verano.
‘Se trata de la mayor vulneración de derechos de la historia de España y supone una vergüenza de una sociedad que no ha querido reaccionar ante esa barbarie que nos perseguirá en la historia’, ha manifestado.