El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado este martes que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de una promoción levantada sobre suelo municipal en Playa de San Juan, con la finalidad de determinar si algún empleado público pudo incurrir en “irregularidades” durante el procedimiento.
Así lo ha explicado el vicealcalde, Manuel Villar (PP), en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local. En su comparecencia, ha subrayado que esta decisión responde también a la “falta de competencias” del consistorio para investigar en profundidad este asunto por sus propios medios.
Villar ha añadido que el Ayuntamiento confrontará el listado de adjudicatarios con el censo de funcionarios municipales “para ver si hay alguno más” implicado y comprobar en cada caso si se ajusta a la normativa y, en consecuencia, si existe o no alguna irregularidad. “No estamos condenando ni nada por el estilo. Quiero que quede muy claro, para que nadie piense que estamos amenazando a funcionarios”, ha remarcado.
El vicealcalde ha informado igualmente de que Rocío Gómez formalizó este lunes su renuncia al acta de concejala, cargo desde el que dirigía el área de Urbanismo en el gobierno municipal del PP. Ha precisado, además, que este jueves se celebrará un pleno extraordinario y monográfico en el que el alcalde, Luis Barcala, ofrecerá “explicaciones”.
Gómez hizo pública su dimisión el pasado viernes, después de trascender que figuraba entre las adjudicatarias de estas viviendas. La ya exedil argumentó que dejaba el puesto para que la investigación pudiera “seguir su curso sin interferencias de ningún tipo” y “después de haber aportado toda la documentación” solicitada.
Dimisiones y posibles implicaciones de personal municipal
A la renuncia de Gómez se suma la de María Pérez-Hickman como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento, tras las informaciones que apuntan a que familiares suyos figuran como beneficiarios de VPP. Esas mismas noticias señalan también que un arquitecto municipal aparece entre los adjudicatarios.
Asimismo, el consistorio permanece “a la espera de verificar los hechos e identidad de la funcionaria municipal cuyo cónyuge ha sido objeto de un expediente de suspensión de empleo y sueldo” por parte de la Generalitat, al haber omitido presuntamente datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que formaba parte. La administración local analiza si procede aplicar “a esta empleada del Ayuntamiento” las mismas medidas cautelares.
“Contundencia” y “transparencia” del equipo de gobierno
Villar ha trasladado la “indignación” del gobierno municipal del PP ante lo sucedido y ha defendido que el ejecutivo de Barcala ha reaccionado “con total contundencia”, “celeridad” y “transparencia”.
Del mismo modo, ha reconocido la “implicación” con la que la Generalitat Valenciana está actuando para “esclarecer” los hechos, realizar las “comprobaciones” oportunas y adoptar decisiones “dentro de sus competencias”.
El vicealcalde ha explicado que el Ayuntamiento sacó a concurso la venta de ese suelo municipal “a un precio tasado” para “hacer una vivienda de promoción privada”. Después, ha detallado, fue la cooperativa la que seleccionó “a los cooperativistas” y “no hay ninguna norma que establezca” un control directo del consistorio sobre ese proceso.
Aplicación de la normativa autonómica de 2009
Villar ha insistido en que en este caso se ha aplicado por parte de “todas las administraciones competentes” una normativa autonómica “que viene del año 2009 y que no fue modificada” ni por el actual gobierno ni por los anteriores, “ni siquiera” por el Consell del Botànic, “integrado por el PSOE, Compromís y Podemos”.
Ha recalcado que la Conselleria de Vivienda “es la que visa la documentación y acredita si los cooperativistas cumplen con los requisitos o no” y que “ahí tampoco interviene el Ayuntamiento”.
En este sentido, ha reiterado que el consistorio “no adjudica vivienda alguna”, ya que “se limita exclusivamente a licitar la venta de un suelo y, en su caso, finalmente conceder la licencia de obra”.
Villar ha vuelto a respaldar la postura expresada la semana anterior por Barcala y ha abogado por “revisar” la normativa que regula los procesos de adjudicación y el acceso a las viviendas de promoción pública, aunque ha señalado que primero habrá que determinar si existe o no “irregularidad” en la promoción de Playa de San Juan.
Preguntado por si el Ayuntamiento impulsará actuaciones para comprobar si las VPP de esta promoción están ocupadas por sus adjudicatarios o si algunas se encuentran en alquiler, ha recordado que esta cuestión ya se ha trasladado a la Fiscalía.
Denuncia en Fiscalía tras el expediente de averiguación
Desde el Ayuntamiento han precisado que “una vez concluido el expediente de averiguación de hechos” encargado la semana pasada por el alcalde, se ha formalizado la denuncia ante el Ministerio Fiscal “con el objetivo de que se esclarezcan todas las circunstancias que rodean el proceso de adjudicación de las viviendas de promoción pública de iniciativa privada mediante cooperativa en la promoción de Les Naus en La Condomina”.
La corporación ha indicado también que el primer edil ha convocado este martes, a las 13.30 horas, a los portavoces de los grupos municipales para comunicarles la celebración del pleno extraordinario y monográfico del jueves sobre este asunto y “en el que se les entregará el informe de aclaración emitido por el secretario”.