Álvaro García Ortiz ha renunciado a su puesto de fiscal general este lunes tras ser condenado por el Tribunal Supremo el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos concerniente a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión le sitúa como el primer líder del Ministerio Público condenado en la historia de España, obligándole a dejar un cargo que asumió bajo la sombra de su predecesora, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia.
“El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad –siempre presente en mi mandato– de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general”, manifestó en una carta dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. García Ortiz subrayó en la carta, a la que tuvo acceso Europa Press, que su renuncia es un acto de responsabilidad hacia el Ministerio Fiscal y el conjunto de la ciudadanía española.
La condena llegó tras la resolución de un tribunal de siete magistrados, de mayoría conservadora, que ya había iniciado el proceso contra García Ortiz el 16 de octubre de 2024 por la filtración sobre un posible acuerdo con la defensa de González Amador. A pesar de las crecientes peticiones de dimisión, tanto internas como externas, García Ortiz se mantuvo firme en su cargo hasta la sentencia, defendiendo siempre la integridad de la Fiscalía y desmintiendo rumores de un acuerdo con la defensa del empresario.
El Gobierno ha mantenido su apoyo a García Ortiz durante todo el proceso, y tras la sentencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que ya se está preparando el nombramiento de su sucesor. Con la salida de García Ortiz se cierra un periodo turbulento tanto para él personalmente como para la Fiscalía General, marcado por la controversia desde su nombramiento el 19 de julio de 2022.
Su mandato también estuvo caracterizado por decisiones polémicas, como el ascenso de Delgado a fiscal de sala del Tribunal Supremo, decisión que fue anulada por el propio TS por desviación de poder. Además, enfrentó críticas por su gestión de casos sensibles, como los relacionados con el ‘procés’ catalán y la ley de amnistía, que profundizaron las divisiones dentro de la Fiscalía.