Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, podría ser condenado a un máximo de seis años de prisión y doce años sin poder ejercer como jefe del Ministerio Público, según lo solicitado por una de las partes acusadoras en el proceso que lo acusa de prevaricación y de un continuado delito de revelación de secretos.
Este martes, Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, ha procedido a emitir el auto que inicia el juicio oral contra García Ortiz, marcando la primera ocasión en que un fiscal general se ve en tal situación ante este tribunal.
La acusación sostiene que García Ortiz proporcionó a ‘Cadena SER’ datos confidenciales contenidos en un correo electrónico de Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, relacionado sentimentalmente con Isabel Díaz Ayuso, que fue enviado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 para negociar en una investigación contra un empresario por supuestos delitos fiscales.
Hurtado afirma que estos actos podrían constituir un delito de revelación de secretos, según los artículos 417.1 y 2 del Código Penal (CP). Sin embargo, el magistrado advierte que la Sala de lo Penal podría atribuir a García Ortiz otros delitos, mencionando específicamente el de prevaricación, el de descubrimiento y revelación de secretos y el de infidelidad en la custodia de documentos públicos, conforme a los artículos 404 y 197.2 y 3 del CP, respectivamente.
Hurtado explica que solo si el auto de apertura de juicio excluye explícitamente un delito, este no podrá ser considerado en el juicio. ‘En consecuencia, no cabe acceder al sobreseimiento de las actuaciones’, concluye.
EL NOVIO DE DÍAZ AYUSO PIDE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
Entre las acusaciones presentadas en el caso, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la más severa, solicitando seis años de cárcel y doce de inhabilitación para García Ortiz por prevaricación en concurso medial con un delito continuado de revelación de secretos.
Otras acusaciones, como Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox, aunque reconocen ambos delitos, no en su modalidad continuada, y piden cuatro años de prisión e inhabilitación. González Amador, en su acusación particular, solicita también cuatro años de cárcel, tres años de suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y una multa de 108.000 euros.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Manos Limpias piden penas similares, aunque con multas diferentes. Manos Limpias solicita además una indemnización de 216.000 euros por el delito de revelación de secretos.
El artículo 417 del CP establece sanciones específicas para la revelación de secretos por autoridades, y Hurtado ha fijado una fianza de 150.000 euros para García Ortiz para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias, incluyendo indemnizaciones por daños morales a González Amador, aunque fuentes fiscales consideran esta cantidad excesiva comparada con otros casos.