El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que cite como testigos en el juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, así como a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
La petición figura en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press y que presentó hasta este miércoles su letrado en el 'caso Koldo', el exfiscal Carlos Bautista, quien ha renunciado a seguir representándole por “diferencias contractuales”.
Ábalos, en prisión provisional desde noviembre y que sostiene su inocencia alegando que los hechos por los que será enjuiciado “no son constitutivos de delito alguno”, reclama la comparecencia de Marlaska por las mascarillas adquiridas por el Ministerio del Interior, y la de Torres y Armengol por las compras efectuadas por Canarias y Baleares, territorios que presidían entonces.
En la relación de testigos propuesta por Ábalos figuran también la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero, investigados en la rama del 'caso Koldo' que instruye la Audiencia Nacional, junto a otros encausados vinculados al Ministerio de Transportes o a organismos dependientes.
El exministro reclama igualmente la declaración de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; del exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez, estrecho colaborador de Marlaska; y del presidente de Correos, Pedro Saura, que fue 'número dos' de Transportes durante su etapa al frente del departamento.
Además, solicita que testifiquen, entre otros, su hijo Víctor Ábalos; el hermano de Koldo García, Joseba; el ex CEO de Air Europa Javier Hidalgo; el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de la formación Celia Rodríguez, quienes ya comparecieron como testigos ante el Supremo en relación con los pagos en metálico del partido.
El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama al considerar que “se concertaron” para aprovechar la posición del entonces ministro y su “influencia”.
Según detalló en un auto, se habrían coordinado para “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia”.
Puente tomó esta decisión después de que en septiembre optara por escindir la causa, dejando en la pieza principal las pesquisas sobre los contratos de mascarillas y reservando una pieza separada para la presunta red de comisiones a cambio de obra pública.
La Fiscalía solicita para Ábalos 24 años de prisión, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo asesor, mientras que para el empresario reclaman la misma pena interesada por el Ministerio Público.
Ábalos defiende que la compra de mascarillas fue “conforme a la legalidad”
Paralelamente, Ábalos ha aportado un informe pericial en contra de la auditoría que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó tras destaparse el 'caso Koldo'. En dicho documento, el exministro subraya que el Tribunal de Cuentas ya llevó a cabo en 2022 “un análisis exhaustivo” de los procedimientos de adjudicación para la compra de mascarillas.
De acuerdo con esa pericial, el Tribunal de Cuentas concluyó que el encargo de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a De Aldama, “se hizo conforme a la legislación dentro de la situación de excepcionalidad que provocó la pandemia”.
El texto añade que esta mercantil “no aportó” el aval del 50% exigido para “dejar constancia de la capacidad de obrar y la solvencia técnica y financiera suficiente del adjudicatario”, pero sí adelantó “el pago del importe de la mitad del precio total de la compraventa”, lo que, a juicio de Ábalos, acreditaba “su solvencia financiera”.
La pericial sostiene igualmente que la adjudicación de compraventa a Adif y Puertos del Estado, entes dependientes de Transportes, también “se realizó conforme a la legalidad vigente” y que el coste de las mascarillas “fue por debajo de la media de mercado”.
Ábalos cuestiona con dureza el informe elaborado por el equipo de Puente, al que reprocha carecer de “los principios fundamentales de auditoría, tales como la independencia, objetividad y evidencia suficiente”.
Asimismo, argumenta que no se detallaron “los protocolos específicos utilizados para llevar a cabo la investigación, lo que impide evaluar la adecuación y cumplimiento de los mismos”, y que tampoco consta “si se comunicó a las personas interrogadas que se estaba llevando a cabo una inspección de control interno”.
“El informe de auditoría no cumple con los principios fundamentales de auditoría debido a la presencia de sesgos evidentes. Además, las argumentaciones presentadas no están debidamente justificadas y el contenido del informe contiene subjetividades, lo que compromete su objetividad y fiabilidad”, concluye la pericial.
Según la auditoría de Transportes, Ábalos duplicó la compra de mascarillas “en 38 minutos” a la empresa de la “trama Koldo” sin una justificación suficiente y señalaba una falta de control en el procedimiento.