El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, exigiendo la anulación de la resolución que propone llevarle a juicio junto al exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por supuestas anomalías en contrataciones de mascarillas durante la crisis sanitaria, sosteniendo que se encuentra “abocado a un cadalso”.
En el documento, al cual ha tenido acceso Europa Press, Ábalos pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que “declare la nulidad del auto recurrido o, subsidiariamente, se acuerde dictar auto de sobreseimiento provisional”. El exministro niega haber recibido comisiones y defiende la legalidad de los contratos.
Carlos Bautista, abogado de Ábalos y exfiscal, argumenta que el procedimiento contra su cliente está marcado por un “desbalance”, colocando a Ábalos en una posición donde solo puede defender su inocencia sin esperanza de justicia. Bautista critica que la decisión de procesar se basa exclusivamente en las declaraciones de Aldama ante la justicia, apoyadas únicamente por su testimonio y “tres hojas de fotocopias de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, marcadas a mano en rosa y verde”.
La defensa también cuestiona la legalidad de la conformidad parcial aplicada en el caso, alegando que contraviene el derecho al debido proceso estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según el recurso, la investigación se fundamenta meramente en la declaración de un ‘pentito’ y una hoja de notas hecha por él, cuya antigüedad ni siquiera ha sido verificada.
Ábalos, además, alega que Aldama, conocido como el presunto ‘conseguidor’ del ‘caso Koldo’, habría llegado a un “acuerdo” con la fiscalía para “incriminar al resto de los investigados a cambio de beneficios penales y penitenciarios”. El exministro critica la ausencia de pruebas gráficas en un mundo donde “incluso un adolescente con un móvil puede capturar vídeos de situaciones comprometidas”.
La defensa denuncia el cierre de la investigación sin acceso a pruebas clave y la imposibilidad de realizar nuevas diligencias, como el análisis del disco duro hallado en casa de Koldo García. Acusan al magistrado instructor, Leopoldo Puente, de adoptar sin cuestionamientos la versión de la policía y de ignorar sistemáticamente las pruebas solicitadas. Entre las diligencias requeridas, se incluye la verificación de los “folios” usados por Transportes y la revisión de las mascarillas sobrantes, entre otros documentos.
Ábalos también refuta las acusaciones sobre manejo de grandes sumas de dinero y asegura que su hijo Víctor no ha recibido ni gestionado fondos de ninguna trama ilegal, ni en España ni en el extranjero.