La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han defendido ante el Tribunal Supremo (TS) que durante sus etapas como presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, no dieron instrucciones para contratar mascarillas con Soluciones de Gestión, la compañía relacionada con el empresario Víctor de Aldama.
El juicio ha comenzado este martes en el Salón de Plenos del TS con la lectura, por parte de la letrada de la Administración de Justicia, de sus declaraciones escritas como testigos remitidas al Supremo. En esta vista, Ábalos y Koldo se enfrentan a solicitudes de condena que alcanzan hasta 30 años de prisión, mientras que para el tercer procesado, Aldama, se reclaman 7 años, tras haber admitido los hechos.
Armengol ha explicado en su escrito que, como presidenta del Govern balear durante la pandemia, no seguía la tramitación concreta de los expedientes administrativos y que no dio indicaciones sobre a qué empresas había que contratar, “ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro”.
Ha apuntado que conoció la contratación de Soluciones de Gestión —la firma situada en el centro de la presunta trama— a través de la prensa, y ha recalcado que las decisiones sobre la compra de material sanitario correspondieron a los órganos competentes del Servicio de Salud “bajo criterios técnicos y legales”.
En este sentido, ha recordado que trasladó a los miembros del Ejecutivo balear que “cualquier contacto u oferta que llegase se derivase al Servicio de Salud, el encargado de evaluar la conveniencia y viabilidad de las propuestas recibidas”.
Y “fue en ese contexto cuando el señor García, al que no conocía sino como un asesor del ministerio con el que manteníamos contactos para cerrar nuestros puertos, contactó con la administración autonómica ofreciendo la posibilidad de practicar en una operación de compra de material sanitario liderado desde aquel ministerio que parecía responder a la demanda de material”, ha puntualizado.
La exdirigente balear ha admitido que, transcurridos seis años, no recuerda todas las comunicaciones de aquella etapa, sin descartar que entre sus interlocutores “pudiese encontrarse García”.
“De hecho, con posterioridad, pude saber, como consecuencia de publicaciones del sumario en medios de comunicación, que al parecer me envió algún mensaje a través de la aplicación WhatsApp”, ha admitido.
Armengol nunca habló con Ábalos sobre mascarillas
Armengol ha querido dejar claro que “nunca” habló con Koldo “ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra”, y que, en relación con Ábalos, igualmente “nunca” mantuvo conversación “sobre ninguna contratación de material sanitario”. “Ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo y, obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora”, ha añadido.
Ha precisado que, en aquel momento, sus únicos contactos con el entonces ministro de Transportes se limitaron a cuestiones “referidas esencialmente al cierre de puertos y aeropuertos”.
Sobre Aldama, Armengol ha manifestado que desconocía cuál era su función y que tampoco “nunca” participó en “conversación alguna sobre la contratación objeto de juicio”.
Ha enfatizado que “mientras he sido presidenta de las Islas Baleares, nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Por tanto, en esta afirmación, incluyo, claro está, a la sociedad Soluciones de Gestión”, ha asegurado, en referencia a la mercantil asociada a Aldama y considerada el epicentro de la trama, que percibió 3,7 millones de euros del Govern balear por suministro de material sanitario.
Ha añadido, además, que como máxima responsable política de Baleares no recibió órdenes ni presiones para adjudicar contratos. “Así como tampoco tuve conocimiento de que algún cargo público o persona vinculada a la administración recibiese órdenes o presionase para que se comprara a determinados proveedores”, ha insistido.
También ha subrayado que, en plena pandemia, “el mercado ordinario y los canales de compra habituales habían desaparecido”, lo que provocó que “la producción de ese material sanitario era notoriamente insuficiente y se tenía que adquirir necesariamente a través de contrataciones de emergencia, compitiendo a nivel mundial todos los países y regiones”.
Torres sostiene que la compra en Canarias se hizo con “rigor”
Torres, por su parte, ha detallado en su escrito —leído igualmente por la letrada de la Administración de Justicia— los distintos pedidos de mascarillas cursados por el Servicio Canario de Salud a Soluciones de Gestión.
El expresidente canario ha precisado que la empresa vinculada a Aldama entregó más de 5 millones de mascarillas por un total de 12,3 millones de euros, de los cuales 11,8 millones se correspondieron con el suministro de mascarillas y 447.061 euros con los costes de transporte.
Ha señalado que, en calidad de presidente de Canarias, tuvo conocimiento de estos expedientes cuando Koldo se puso en contacto con él para trasladarle “su preocupación por la falta de respuesta e incumplimiento de condiciones contractuales” con Soluciones de Gestión.
Ese contacto, ha indicado, se produjo en julio de 2020 y Koldo fue “el único representante del Ministerio de Transportes que lo hizo”: “Para trasladarme su preocupación por la falta de respuesta e incumplimiento de condiciones contractuales por parte del Servicio Canario de la Salud tras la entrega de las mascarillas”.
“Al recibir esta preocupación y verificar que existían compromisos pendientes de cumplimiento entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil Soluciones de Gestión, hice un seguimiento de estos expedientes para tener la tranquilidad que se le daba la correcta respuesta administrativa, respetando en todo momento las decisiones que los servicios técnicos y jurídicos del Servicio Canario de Salud entendían más adecuadas ante cada circunstancia”, ha expuesto.
Según ha explicado, su intervención se limitó “para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a su contratación, cuyas principales decisiones y resoluciones fueron adoptadas por los servicios competentes del Servicio Canario de la Salud”. “En todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor de la mercantil”, ha defendido.
El ministro ha recalcado que este tipo de actuaciones de seguimiento de expedientes con incidencias en el cumplimiento de compromisos “fueron habituales” en su gestión durante aquellos meses.
Y ha concluido asegurando que “todas las instancias administrativas fiscalizadoras que han auditado estos expedientes” han determinado que “fueron realizados con rigor técnico y administrativo”.
El Supremo autorizó que Armengol y Torres declarasen por escrito, después de que ambos solicitaran no comparecer presencialmente y acogerse a esta modalidad de testimonio, permitida por la ley para quienes han sido presidentes autonómicos y ocupan actualmente altos cargos institucionales.