El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado contra el Gobierno por no haber cumplido con la obligación constitucional de remitir los proyectos de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.
Así lo ha hecho público este martes la corte de garantías mediante una nota de prensa, en la que anuncia que analizará el fondo del asunto y precisa que la Cámara Alta también dirige su impugnación contra las prórrogas presupuestarias acordadas para esos años.
La iniciativa partió de la mayoría absoluta del PP en el Senado, que promovió este enfrentamiento entre órganos constitucionales al entender que la Cámara Alta "no debe admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Ejecutivo, "que tiene un deber constitucional de presupuestar".
El TC ha subrayado que se trata de la primera ocasión en la que examinará un conflicto entre órganos constitucionales derivado de una omisión del Gobierno en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos, señalando que el Senado sostiene que ese incumplimiento podría vulnerar varios preceptos de la Carta Magna.
Legalidad presupuestaria en cuestión
Desde el PP alertaron de que no se puede "admitir" la "práctica fraudulenta" de modificación presupuestaria "al margen del Parlamento" derivada de la ausencia de nuevas cuentas públicas, al considerar que resulta "contraria al principio de legalidad presupuestaria".
"La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año", expuso en el texto del conflicto de atribuciones.
En esta línea, los 'populares' insistían en que "no existe justificación posible" para no registrar a tiempo los Presupuestos, "salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos".
"Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria", rezaba el texto.
Abuso de la prórroga presupuestaria
En consecuencia, el Senado reclamó al Constitucional que declare que el Ejecutivo "ha vulnerado la atribución constitucional" de la Cámara Alta para intervenir en la aprobación de los Presupuestos Generales, así como para modificarlos y fiscalizar la actuación del Gobierno, por "no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria".
Al mismo tiempo, solicitaba que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, efectivas desde el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, 2026.
Además, pedía que el tribunal se pronuncie sobre las situaciones jurídicas generadas al amparo de esa supuesta vulneración competencial y que fije un plazo máximo para que el Gobierno dé cumplimiento a su deber constitucional en materia de elaboración y presentación de las cuentas públicas.