El Tribunal Supremo ha acordado abrir una investigación al diputado de Sumar en Comú Podem en el Congreso, Félix Alonso Cantorné, por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionado con su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona).
De acuerdo con un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal adopta esta decisión por la presunta adjudicación directa de contratos municipales a dos compañías durante el periodo en que ejerció como primer edil, entre 2011 y 2019.
El alto tribunal, que nombra como magistrado instructor a Vicente Magro, fundamenta su resolución en el criterio de la Fiscalía, favorable a admitir y continuar la causa, así como en la exposición razonada remitida por un juzgado de El Vendrell, en la provincia de Tarragona.
El auto detalla que las pesquisas se centran en la forma de contratación realizada por el Ayuntamiento que encabezaba Cantorné —actualmente aforado por su condición de diputado— con determinadas empresas, sin ajustarse, supuestamente, a la normativa de contratación pública.
Contratos menores y presunta apariencia de legalidad
Según exponen los magistrados, a partir de la documentación recibida, Cantorné, “presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad”.
El auto añade que este sistema “permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, en ocasiones, incluso, sin acudir a procedimiento alguno, con lo que, en principio, podemos considerar que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa”.
Los jueces puntualizan que la investigación no queda restringida únicamente a ese posible delito, ya que “esa irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación”.
Por este motivo, la Sala acuerda la apertura de las diligencias de investigación que considere necesarias “con la finalidad de confirmar, en su caso, ampliar la existencia de los indicios que se han venido indicando, como de descartarlos, si ese fuere el resultado de la investigación”.