El Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García de que el proceso por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia no se celebrase en la máxima instancia judicial. La vista oral seguirá adelante en el alto tribunal a partir del próximo 7 de abril y, además, se ha acordado citar como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Así se recoge en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que da respuesta a las solicitudes planteadas por Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde noviembre, en la audiencia preliminar celebrada el 12 de febrero. En aquella sesión, sus defensas defendieron que el Supremo carecía de competencia y que el procedimiento debía continuar en la Audiencia Nacional, alegando que el exministro perdió el aforamiento al renunciar a su escaño en el Congreso.
La Sala de lo Penal descarta todas las nulidades invocadas por las defensas en esa audiencia y ratifica que es el órgano competente para enjuiciar los hechos. Al mismo tiempo, rechaza elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como había planteado la representación legal del exasesor de Ábalos.
De este modo, la Sala de lo Penal sentará en el banquillo a ambos, junto al presunto conseguidor Víctor de Aldama, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
Los magistrados han dado luz verde a que en el juicio declaren como testigos Torres y Armengol, que durante la crisis sanitaria por la covid-19 ostentaban las presidencias de Canarias y Baleares, respectivamente, comunidades autónomas que adjudicaron contratos a la empresa señalada como núcleo de la presunta trama.
En la relación de más de 75 testigos admitidos figuran también la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, además de exjefes de gabinete, antiguos máximos responsables de Renfe, Correos y Puertos del Estado, así como empresarios, familiares y personas del entorno de los acusados.
En cambio, el tribunal ha rechazado que comparezcan como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y la exministra de Industria Reyes Maroto.
Sin polígrafo para Koldo ni careo con Aldama
Los siete magistrados encargados del enjuiciamiento han denegado igualmente la solicitud de Koldo para someterse a una prueba de polígrafo de cara al juicio, así como la petición de celebrar un careo con Aldama.
“El careo no es propiamente una prueba anticipada, ni un medio de prueba en sí mismo, sino complementario de otros; será, pues, la Sala la que decida sobre la procedencia de acceder a la práctica”, señalan en la resolución.
En cuanto al uso del polígrafo, precisan que “tampoco puede reemplazar la función de los tribunales de valorar las pruebas practicadas en el acto del juicio oral bajo los principios de publicidad, inmediación y oralidad”.
Añaden, además, que se trata de “una prueba que no tiene reconocida ninguna validez en el ordenamiento jurídico español” y que “podría imponer la efectiva renuncia del acusado a su derecho a no decir verdad”.
La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, solicitan 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo asesor, mientras que para el empresario piden la misma pena interesada por el Ministerio Público.