El Tribunal Supremo (TS) ha solicitado el parecer de las partes personadas después de que el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hayan pedido declarar por escrito como testigos en el procedimiento contra el exministro José Luis Ábalos por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Mediante una providencia recogida por Europa Press, los magistrados encargados de enjuiciar a Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama conceden un plazo de tres días a las acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre dicha petición.
Torres y Armengol han invocado su condición de expresidentes autonómicos --de Canarias y Baleares, respectivamente--, junto a sus actuales responsabilidades institucionales, para tratar de acogerse a la previsión legal que les permitiría evitar la comparecencia física en la vista oral y responder por escrito a las cuestiones que se les planteen.
Por este motivo, el alto tribunal reclama a las partes --defensas y acusaciones-- “sobre si el testimonio que ha sido declarado pertinente tiene relación con el ejercicio del cargo”. “Y, en su caso, el contenido sobre el que deberá versar el informe al que se refiere la norma invocada”, añade la resolución.
Según el calendario fijado para el juicio, está previsto que Torres y Armengol comparezcan el próximo 22 de abril, con un interrogatorio centrado, en principio, en la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas cuando dirigían los gobiernos de Canarias y Baleares a la mercantil Soluciones de Gestión, considerada el núcleo de la trama.
Koldo reclama que la declaración sea presencial
La defensa de Koldo se ha mostrado contraria a que ambos declaren por escrito, al advertir que “revelar el pliego de cuestiones de forma anticipada supondría 'preparar' a los testigos, eliminando la espontaneidad necesaria para que sus respuestas contribuyan a la búsqueda de la verdad material”.
En un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, sostiene que “solo el interrogatorio presencial garantiza que la defensa pueda reaccionar ante las respuestas de los testigos y confrontarlos con la realidad de lo acontecido”.
La letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, razona que “la lectura de un pliego de respuestas pre-redactadas impide al tribunal observar la espontaneidad y el lenguaje no verbal de los testigos”, que son “elementos críticos para valorar la credibilidad de sus testimonios en una causa de esta trascendencia”, en la que recuerda que su cliente se enfrenta a solicitudes de hasta 30 años de prisión.
Su defensa mantiene que una declaración escrita “cercena” su derecho “a realizar un interrogatorio dinámico”, puesto que “sin la posibilidad de repreguntar sobre la marcha ante respuestas ambiguas o evasivas, el interrogatorio pierde su finalidad constitucional”.
Además, la abogada advierte de que las cuestiones que dirigirá a Torres y Armengol no se circunscribirán a la tramitación administrativa de los contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria, sino que “abarcarán la totalidad de los hechos enjuiciados, con lo que no todo se ceñirá a cuestiones relacionadas con el ejercicio del cargo”.