El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el conflicto de atribuciones planteado por la mayoría absoluta del PP en el Senado frente al Gobierno y el Congreso de los Diputados a raíz del “veto” del Ejecutivo de Pedro Sánchez a varias enmiendas de la Ley de Movilidad Sostenible, así como otro enfrentamiento con la Cámara Baja por la ampliación sucesiva de los plazos de enmiendas.
Así se recoge en varias disposiciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detalla que el Pleno del tribunal de garantías acordó el pasado 11 de febrero analizar estos choques entre órganos constitucionales.
Estos conflictos de atribuciones se suman a más de una decena de iniciativas similares promovidas desde el Senado contra otras instituciones del Estado en la presente legislatura por distintos motivos, entre ellos la Ley de Amnistía o los Presupuestos Generales del Estado.
El origen del enfrentamiento se sitúa en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en la Cámara Alta, donde el PP logró sacar adelante varias enmiendas que posteriormente fueron ratificadas por el Congreso de los Diputados, aunque el Gobierno bloqueó algunas alegando que comprometían el equilibrio presupuestario.
Las enmiendas afectadas por este conflicto institucional son las 118 y 148, mediante las que se incorporan un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley de Movilidad Sostenible.
El artículo 61 bis, vetado por el Ejecutivo, establece que el Ministerio de Transportes reservará cada año una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para impulsar la movilidad sostenible, excluyendo la movilidad en el ámbito urbano e interurbano.
En cuanto al segundo conflicto, el Senado lo registró por la decisión de la Mesa del Congreso de no dar por concluidos de forma inmediata los plazos de enmiendas de todas las proposiciones de ley procedentes de la Cámara Alta que hayan superado la duración de una única prórroga, tal y como prevé el artículo 91 del Reglamento del Congreso, según ha informado también el propio Constitucional en una nota.
La Cámara Alta sostuvo que el propósito de la ampliación sucesiva de los plazos de enmiendas sería mantener paralizadas de manera indefinida todas las proposiciones de ley que llegan desde el Senado, dominado por la mayoría del PP.
En opinión del Senado, esta práctica podría vulnerar la potestad legislativa de las Cortes Generales y la iniciativa legislativa reconocidas en la Constitución, además de infringir varios preceptos del Reglamento del Congreso, según recoge el TC.