El fiscal José Grinda, especializado en casos de corrupción, ha denunciado haber recibido una oferta de soborno de un periodista, quien aseguró que la propuesta contaba con el respaldo de “las más altas instituciones o personas del Estado” y mencionó el nombre de ‘Leire’. La oferta incluía el archivo de varias investigaciones y la divulgación de información sobre supuestas actividades ilícitas de su superior, Alejandro Luzón, a cambio de un puesto en el extranjero y solucionar un litigio personal.
Según se detalla en el sumario del caso que se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, este incidente surge de acusaciones por tráfico de influencias y cohecho contra la ex militante del PSOE Leire Díez. Estas acusaciones fueron impulsadas por la organización Hazte Oír tras la difusión de audios donde Díez ofrecía favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Guardia Civil y la Fiscalía.
Grinda envió un documento a Luzón el 27 de febrero, que posteriormente fue remitido a la Fiscalía General del Estado y luego a la Fiscalía Provincial de Madrid, donde se inició una investigación el 2 de abril. En el documento, Grinda relata una reunión con su ‘amigo’ Pere Rusiñol, también bajo investigación, donde recibió la oferta que incluía deshacerse de una demanda personal pagando el triple a la demandante y proporcionar un destino en el extranjero a cambio de acciones que implicarían la destitución de Luzón.
Grinda también fue instado a archivar ciertos casos señalando que eran resultado de actuaciones abusivas por parte de las fuerzas de seguridad. Entre los casos mencionados estaban ‘Pujol-Draco y otros relacionados’, ‘3%, Sumarroca y otros’, Aguas de Girona, ZED, la Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.
En su declaración, Grinda expresó su convicción de que ni el PSOE ni el Gobierno respaldaban tal propuesta, subrayando que la oferta parecía más un intento personal de Leire Díez. Finalmente, la investigación inicial fue archivada por falta de colaboración de Rusiñol, pero se reabrió tras nuevas revelaciones en la prensa sobre operaciones ilícitas destinadas a desprestigiar a funcionarios judiciales.