QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía Anticorrupción ha comunicado al Tribunal Supremo que, aunque existe un riesgo de fuga asociado a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, no ha requerido su encarcelamiento provisional debido a su estatus como diputado en el Congreso. Por otro lado, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, han propuesto su ingreso en prisión o el pago de una fianza de 650.000 euros tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que indica ingresos no justificados.
Fuentes jurídicas informaron a Europa Press que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, realizó esta petición durante una audiencia de medidas cautelares en el Tribunal Supremo, en la que Ábalos optó por no declarar. El exministro ha cambiado su estrategia de defensa, eligiendo no ofrecer detalles sobre los ingresos irregulares descubiertos.
El instructor del caso, Leopoldo Puente, rechazó la solicitud de Ábalos de renunciar a su abogado por lo que consideró un «fraude de ley», obligándole a mantener a su letrado habitual para la audiencia. Durante su intervención, Ábalos intentó renunciar a su acta de diputado, lo cual fue interrumpido por el magistrado, quien le recordó que el tribunal no era el Congreso.
ACUSACIONES: PRISIÓN O FIANZA DE 650.000 EUROS
Las acusaciones populares, excepto ADADE, han solicitado el ingreso en prisión de Ábalos, preferentemente en una cárcel distinta a Soto del Real. Alternativamente, han propuesto una fianza de 650.000 euros. Por su parte, la Fiscalía ha indicado que, aunque los indicios contra Ábalos se han intensificado, no consideran adecuado modificar las medidas cautelares ya impuestas, que incluyen la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar quincenalmente ante la autoridad judicial.
En defensa, Ábalos ha argumentado que las demandas de las acusaciones tienen un propósito político. Hasta el momento, solo se ha aplicado la medida de prisión provisional a Santos Cerdán por su supuesto rol central en una trama de corrupción.
EL INFORME DE LA UCO
Recientemente, la UCO descubrió que Ábalos había efectuado pagos por 95.437,33 euros sin justificación bancaria, incluyendo 20.799,40 euros en gastos personales con dinero de origen no declarado. Además, se ha revelado que el PSOE realizaba pagos en efectivo a Ábalos, algunos de los cuales estaban documentados como reembolsos por gastos, mientras que otros no.
En conversaciones de WhatsApp, se menciona que el dinero manejado por el exasesor de Ábalos y su exmujer no les pertenecía, sino al exministro, empleando códigos como «chistorras» para referirse a los billetes de 500 euros, «soles» para los de 200 euros y «lechugas» para los de 100 euros. El magistrado ha sugerido que Ábalos y su exasesor podrían haber mantenido comunicaciones opacas respecto a sus patrimonios, recibiendo ingresos irregulares y no transparentes.
