La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió este martes que la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) —que, de salir adelante, trasladaría la fase de instrucción penal a los fiscales, en lugar de mantenerla en manos de los jueces como ocurre en la actualidad— constituye una “reivindicación histórica de la Fiscalía”: “El fiscal tiene que investigar y el juez, juzgar”.
Durante la inauguración de una jornada de debate sobre la futura LECrim en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, Peramato subrayó que “el hecho de que los fiscales lleven la investigación y que los jueces cumplan la función que les atribuye la Constitución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es una reivindicación histórica de la mayor parte de los juristas”.
La fiscal general insistió en que “las costuras del sistema judicial actual ya no aguantan más” y calificó de “un hito fundamental” que la propuesta de reforma haya llegado por fin al Congreso tras diversos intentos fallidos de ejecutivos anteriores. A su juicio, el nuevo modelo procesal responde “a las necesidades de una sociedad mucho más dinámica y más compleja”, propia del siglo XXI.
“No podemos anclarnos en el siglo XIX”, advirtió Peramato, reclamando un esquema procesal que “coloque” y “reequilibre” el papel de cada operador jurídico. En esa línea, reiteró que “el fiscal tiene que estar en la investigación” y que los jueces deben centrarse en “juzgando, ejecutando lo juzgado o siendo jueces de garantía”.
Autonomía y recursos para la Fiscalía
Peramato recalcó que el Ministerio Fiscal debe velar por el principio de igualdad y “no el poder”, y defendió que el máximo responsable de la institución “obra con total independencia respecto al Gobierno”, puesto que no puede ser cesado ni renovado “a capricho” del Ejecutivo.
También puso en valor la organización interna del Ministerio Público, destacando el “trabajo en equipo” tanto dentro de la propia Fiscalía como con otras instituciones implicadas “en las investigaciones de las formas de delincuencia más graves”. Asimismo, remarcó “la especialización” del Ministerio Fiscal, que, según explicó, facilita abordar las investigaciones “de manera eficaz” y con mayor “agilidad”.
La fiscal general alertó, no obstante, de la carencia de autonomía “reglamentaria, organizativa, formativa y digital” de la Fiscalía y subrayó especialmente la falta de “autonomía presupuestaria”. Reivindicó “recursos propios y la posibilidad de gestionarlos”, al recordar que las instituciones “solo pueden funcionar con verdadera autonomía si tienen su propio presupuesto”.
García Ortiz avisa de un “error de Estado” si no se reforma la ley
En el mismo acto intervino el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, quien advirtió de que sería “un error de Estado” renunciar a la reforma de la LECRim y, citando a Peramato, recalcó que “las costuras del sistema están a punto de reventar”.
Desde el público, García Ortiz sostuvo que la Fiscalía aspira a “ver el material probatorio en primera línea y participar en la instrucción todo lo que se pueda”, recordando que en España coexisten “dos sistemas antagónicos conviviendo”, dado que la Fiscalía Europea sí dispone de capacidad instructora.
“No es vaguería, no es ausencia, no es falta de capacidad, no es desdén, como muchas veces parece que se proyecta en la opinión pública. Es una imposibilidad física, es una imposibilidad de agendas, es imposible”, lamentó el ex fiscal general, que abandonó el cargo el pasado noviembre tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por revelación de secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
A su entender, esta situación genera “tristeza muchas veces” entre los fiscales y provoca “insatisfacción a las víctimas y a la opinión pública”.