El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado nuevamente al juez del Tribunal Supremo encargado del ‘caso Koldo’ su liberación, argumentando que su detención preventiva es «inconstitucional» al haber excedido el tiempo legal permitido y porque «no hay pruebas» que justifiquen su reclusión, además de declararse víctima de una «causa general» por su actividad política.
La defensa de Cerdán, mediante un documento obtenido por Europa Press, argumenta que «debería ser ineludible una decisión que acordase la inmediata libertad» del político, ya que consideran vencido el plazo de siete meses otorgado para demostrar la hipótesis de corrupción, reiterando la ausencia de pruebas y la presencia de violaciones a derechos fundamentales en el proceso.
Además, indican que las acciones legales emprendidas «son expresión de cómo se han forzado los instrumentos procesales de forma estratégica para llegar a una determinada conclusión y, por ello, solo queda evitar la continuación de esta grave situación».
Según la defensa, mantener a Cerdán en prisión provisional «conlleva el riesgo de superar materialmente la duración máxima de la prisión preventiva acordada para asegurar la investigación del presunto delito».
«Como se viene reiterando, ya no nos encontramos en una fase ‘inicial’ del procedimiento que pueda justificar la adopción de tal medida. Los cuerpos policiales han tenido el tiempo y las oportunidades suficientes para asegurar la debida investigación, sin que quepa, ya, seguir privando de libertad», sostienen los abogados, remarcando que desde febrero y marzo, cuando «empezó la sospecha», hasta la fecha, han pasado los seis meses considerados suficientes por el legislador para concluir la investigación o asegurar que el investigado no influya en ella.
«Podrá compartirse o no esta contundente conclusión, pero es difícil imaginar que pueda aceptarse como legítimo y constitucional en un sistema penal democrático que un ciudadano sea privado de libertad sin una mínima seguridad que esta medida tan drástica está justificada desde la perspectiva penal», agregan.