La Asociación Liberum ha registrado una denuncia en el Juzgado de Montoro (Córdoba), órgano que instruye la investigación por el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que han perdido la vida al menos 41 personas, mientras que Manos Limpias ha formalizado su personación en la causa ejerciendo la acción popular, “a los efectos de determinarse las posibles responsabilidades penales derivadas”. Asimismo, Iustitia Europa, colectivo que también interviene en otros procedimientos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su esposa, ha comunicado que este martes ha presentado en el mismo juzgado su personación como acusación popular.
Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Liberum dirige su denuncia por “hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores”, contra dos altos cargos de Adif y uno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), además de “contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado”.
En la denuncia se recuerda que el 18 de enero de 2026 se produjo un grave accidente ferroviario cerca de Adamuz, en el que se vio involucrado un tren LD AV Iryo 6189 procedente de Málaga, con un balance, en el momento de la presentación del escrito, de 41 fallecidos y 152 heridos de distinta gravedad, “además de cuantiosos daños materiales”.
La asociación subraya que “con fecha 8 de agosto de 2025, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) remitió una comunicación formal y fehaciente a los hoy denunciados, en su calidad de máximos responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria”. En dicha misiva, el sindicato expresaba su “profunda preocupación por el estado general de las líneas, y en particular de la 010, 030, 040 y 050 de la red de Alta Velocidad”.
Advertencias previas sobre el estado de la red
En esa comunicación, se ponía de manifiesto la existencia de “cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria, etc.”, que estaban ocasionando una “falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes” y una “degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías”. También se hacía constar que los maquinistas trasladaban estas incidencias “diariamente a los Responsables de Circulación Adif, sin que se tome ninguna medida”.
Ante “la gravedad de la situación descrita y el riesgo evidente para la seguridad de viajeros y trabajadores”, Semaf reclamó de forma expresa “una medida preventiva concreta y de carácter inmediato: la reducción de la velocidad máxima en dichas líneas, estableciéndose como límite 250 kilómetros por hora, medida que debería extenderse en el tiempo hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior”.
Sin embargo, Liberum sostiene que “pese a la gravedad de la advertencia, la identificación precisa de los riesgos y la propuesta de una medida correctora específica, razonable y proporcionada, los hoy denunciados, en su condición de máximos responsables de la seguridad en la infraestructura y la circulación ferroviaria, omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado”, y que “no consta que se acordara la reducción de velocidad solicitada, ni que se iniciaran actuaciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas”.
En esta línea, la asociación afirma que “con esta inacción, los denunciados incumplieron de forma flagrante su deber de garante de la seguridad de las personas trabajadoras y viajeras, aceptando la continuación de una situación de grave riesgo que les había sido formalmente comunicada”. A su juicio, “el fatal accidente acaecido en Adamuz es la materialización directa del riesgo grave y conocido sobre el que fueron advertidos los denunciados”, y “la omisión de su deber de actuar, no adoptando las medidas de seguridad que les eran exigibles y que les fueron expresamente solicitadas, fue la causa determinante o, cuanto menos, un factor causal decisivo en la producción del siniestro y de sus trágicas consecuencias”.
Calificación penal y responsabilidades
La Asociación Liberum considera que “los hechos descritos son indiciariamente constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave por cada uno de los fallecidos y un delito de lesiones por imprudencia grave por cada uno de los heridos, previstos y penados en el Código Penal”. Añade que “la imprudencia reviste el carácter de grave al haberse omitido las más elementales normas de cuidado y diligencia exigibles a quienes ostentan la máxima responsabilidad en la seguridad ferroviaria, máxime tras haber sido advertidos de forma expresa y detallada del riesgo existente”.
Igualmente, apunta a “un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de omisión de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, al no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores (maquinistas) desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro su vida, salud e integridad física”.
En el escrito se precisa que “la responsabilidad de los denunciados se fundamenta en su posición de garante, derivada de los cargos que ostentan en Adif y en la Aesf, que les impone un deber jurídico específico de actuar para evitar riesgos en la circulación ferroviaria”, y que “dicha posición se ve reforzada por el conocimiento efectivo del riesgo a través de la comunicación de Semaf”.
Diligencias solicitadas y personaciones
Para contrastar los hechos, Liberum pide diversas diligencias de investigación, entre ellas la citación del secretario del Área Técnica de Semaf “para que se ratifique en el contenido del escrito de fecha 8 de agosto de 2025”, así como la declaración como investigados de los tres directivos denunciados.
Reclama también que se oficie a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para que “aporten a la causa el expediente completo tramitado a raíz de la comunicación de Semaf de 8 de agosto de 2025, así como cualquier informe, resolución o actuación interna adoptada en relación con la misma”; y que se requiera a Adif “aporte copia de todos los partes de incidencias y comunicaciones internas de los maquinistas relativos a las deficiencias en las líneas 010, 030, 040 y 050 durante los seis meses anteriores al accidente”.
En paralelo, Manos Limpias solicita al juzgado que tenga por presentado su escrito y lo incorpore a las actuaciones, reconociendo su condición de acusación popular, al tiempo que recuerda que “no es exigible a la acción popular la presentación de querella, dado que la causa está iniciada, conforme reiterada jurisprudencia”.
Asimismo, y con el fin de salvaguardar las pruebas, la organización entiende “necesario que antes de restablecerse el tráfico ferroviario se analicen las vías y se realicen vídeos del estado de las mismas, custodiándose los vagones afectados”, por lo que insta a que se adopten “las medidas necesarias para preservarse los indicios y pruebas de los hechos objeto de la instrucción”.
Por su parte, en su escrito de personación, Iustitia Europa sostiene que existen indicios “graves derivados del deterioro progresivo, profundo y conocido de varias líneas ferroviarias de alta velocidad, incluida la afectada por el siniestro”, y concluye que “no estamos ante un hecho fortuito ni imprevisible, sino ante una tragedia evitable”.