La Fiscalía Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, por un supuesto delito de prevaricación vinculado a una presunta recolocación "a dedo" de personal público procedente del Consorcio València 2007.
Según ha avanzado The Objective y ha ratificado Europa Press, la investigación se dirige contra Catalá —que también ostenta la presidencia del Consorcio València 2007—, Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, así como contra cuatro empleados públicos, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. De acuerdo con un decreto de la Fiscalía fechado el 11 de marzo, ya se ha nombrado a un fiscal instructor para el caso.
El procedimiento se origina tras una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís per València en febrero de este año, relativa a la creación de plazas en distintas entidades municipales destinadas a personal del Consorcio València 2007, organismo en liquidación que gestionaba La Marina y que estaba formado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento.
En la primavera de 2024, en pleno proceso de liquidación del Consorcio, se pusieron en marcha varios procesos de selección en el Ayuntamiento, en fundaciones municipales y en la propia APV que, según la denuncia, habrían servido para "recolocar" a determinadas personas vinculadas a dicho ente.
Compromís per València sostiene que existió "una estrategia de concertación para que determinadas personas que procedían del Consorci Valencia 2007 tengan un puesto donde poder aterraizar, o bien en un organismo del sector público municipal, o bien como fue finalmente en la Autoridad Portuaria de Valencia", tal y como explicaron la portavoz municipal, Papi Robles, y el concejal Ferran Puchades en una rueda de prensa en la que detallaron el contenido de la denuncia.
Según relataron, "se preparan en paralelo y de manera coordinada siete procesos de contratación que tienen un perfil muy determinado para determinadas personas". Los ediles subrayaron además que un grupo de trabajadores acudió a una notaría para "dar fe de quiénes iban a ser las personas que van a ser contratadas" en algunas de las plazas, y que llegaron a acertar los nombres antes de que se resolvieran los procesos.
Al menos siete procesos de contratación bajo sospecha
La denuncia detalla que la APV y, al menos, dos fundaciones municipales —la Fundació Esportiva Municipal (FDM) y la Fundació Visit València— pusieron en marcha de forma "paralela" y "concertada" al menos siete procedimientos administrativos con el objetivo de articular "una fórmula de subrogación encubierta" de trabajadores del Consorcio mediante convocatorias de plazas para puestos directivos en la FDM, Visit València y la propia Autoridad Portuaria.
En este contexto, la FDM, presidida por la concejala Rocío Gil, aprobó el 18 de abril de 2024 dos convocatorias de empleo público para cubrir puestos directivos específicamente ligados al área de infraestructuras y al ámbito económico-administrativo.
De forma simultánea, mediante resolución de Presidencia, se aprobaron inicialmente las bases específicas de una convocatoria pública para un concurso de méritos abierto a personal de otras administraciones y entidades, con el fin de cubrir de manera definitiva un puesto de Dirección de Sección adscrito al Servicio de Infraestructuras.
Por otro lado, la Fundació Visit València, presidida por Paula Llobet, publicó en esas mismas fechas tres procesos selectivos: uno para un puesto de técnico jurídico dirigido a personal de entidades del sector público; otro, mediante sistema de concurso-oposición, para cubrir una plaza de técnico de productos/promoción/comunicación; y un tercero para un puesto con relación funcionarial de carrera o laboral fija o indefinida, "que también iba dirigido a subrogar irregularmente a personal del Consorcio".
Según la denuncia, esta última plaza terminó siendo adjudicada a un trabajador del Consorcio, mientras que las otras dos convocatorias quedaron desiertas al no cubrirse las vacantes ofertadas.
De manera paralela "y de manera coincidente con la cronología de los hechos", el 24 de abril de 2026 la APV abrió otros dos procedimientos administrativos para cubrir puestos similares —también en el ámbito de infraestructuras y del área económica— mediante la convocatoria de pruebas selectivas con perfiles muy concretos para un cargo de subdirector de Infraestructuras y otro de jefe de apoyo a la Gestión Económica Financiera, que finalmente recayeron en dos empleados del Consorcio.
Tras el despido de toda la plantilla del Consorcio, el 16 de julio de 2024, la Presidencia de la OAM Fundació Esportiva Municipal firmó el desistimiento de las dos convocatorias en las que habían participado estos aspirantes.
En paralelo, una técnica del departamento jurídico del Consorcio terminó "recolocada" como funcionaria interina en el Servicio de Figuras de Calidad Alimentaria de la Conselleria de Agricultura, bajo la dirección de la directora general de Producción Agrícola, María Àngels Ramón-Llin.
Advertencias de la Intervención y críticas políticas
Compromís hace referencia en su escrito a un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que señala que "la gestión de las plazas convocadas para personal excluido del convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad".
La Intervención Regional de València detectó, según se recoge en la denuncia, varias convocatorias de plazas en las que podría concurrir esta situación, al limitarse de forma cuestionable el acceso a los procesos selectivos.
En el plano político, Papi Robles ha acusado a la alcaldesa de València de que "lo que está haciendo es convertir el Ayuntamiento de València en una agencia de colocación para los suyos". A su juicio, "Cuando el PP gobierna, esto se convierte en una agencia de colocación para gente del PP o para gente muy cercana a la señora Catalá con el dinero y los puestos de trabajo que deberían ser para todos y todas en libre concurrencia, con transparencia y en función del mérito y la capacidad".
Robles ha pedido que cualquier persona que disponga de información relacionada con estos hechos la ponga en conocimiento de las autoridades y ha asegurado que "la Fiscalía Anticorrupción ve indicios claros de un posible delito". Además, ha indicado que la Fiscalía ha citado a Compromís para reclamar a la coalición "colaboración de manera explícita", con el objetivo de "tener toda la información posible para demostrar que lo que está haciendo la señora Catalá en el Ayuntamiento de València es montarse su propio chiringuito".
La portavoz de Compromís ha añadido que "Esta gente procede de esta forma de manera habitual. De hecho este es un nuevo caso, como ya hemos conocido con la vivienda pública en el Ayuntamiento de Alicante, como ya hemos conocido con la colocación de la mujer de Pérez Llorca o como ya hemos conocido también con el cambio de colores corporativos que hemos visto en los últimos días (en la Generalitat. El Partido Popular piensa que las instituciones son su chiringuito".
Robles ha subrayado que, en estos "tres años de gobierno del Partido Popular y de Vox", hay "un plantel" de cargos municipales investigados: "tenemos en la puerta de la Fiscalía siendo investigados a María José Catalá, Paula Llobet, a Rocío Gil, Juanma Badenas y Cecilia Herrero (Vox) por delitos de odio". "Este es el gobierno de la señora Catalá", ha criticado, avanzando que Compromís per València reclamará la creación de una comisión de investigación en el próximo Pleno municipal sobre estos cinco concejales investigados.