La Fiscalía Anticorrupción ha comunicado a la Audiencia Nacional la detección de una transferencia de 25.440 euros al ex director general de Carreteras imputado, Javier Herrero, procedente de la constructora Aquaterra, con un "concepto muy genérico" y de la que se desconoce "el motivo concreto". A raíz de este movimiento, el juez instructor del 'caso Koldo' ha solicitado información bancaria de Aquaterra y de otras compañías que se aliaron con Acciona en proyectos bajo sospecha.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Luis Pastor centra la atención en la obra licitada por la Dirección General de Carreteras para la Autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete, en La Rioja, por 92 millones de euros, adjudicada en septiembre de 2019 a la UTE integrada por Acciona Construcción y Aquaterra.
El representante del Ministerio Público recuerda que, ya antes de la adjudicación, el responsable de la Dirección General de Carreteras era Herrero. Añade que en junio pasado, durante el registro de su domicilio, se intervinieron documentación y dispositivos electrónicos en los que figuraba una copia de una cuenta de correo electrónico a su nombre "cuyo dominio pertenece a Aquaterra".
Según detalla el fiscal, esa cuenta "contiene un total de 145 correos, produciéndose la primera comunicación el 3 de noviembre de 2024" y Anticorrupción subraya que "se desconoce el motivo por el cual dispondría de la cuenta de correo en cuestión, no habiéndose detectado ningún tipo de relación contractual entre Herrero y la mercantil citada".
El escrito precisa que, en febrero de este año, los investigadores recibieron del CBNK Banco de Colectivos información bancaria sobre Herrero, entre la que figuraba "una 'comunicación de operativa sospechosa por indicio' al Sepblac". "Se informaba que dicho producto bancario --de reciente apertura-- había recibido una transferencia por un importe de 25.440 euros desde la sociedad Aquaterra" y "se habría efectuado en concepto de abono de la factura 'fra 1001/25'", señala el fiscal.
Tras ese ingreso, Herrero "realizó un traspaso por valor de 12.500 euros a otra cuenta titulada por éste en la misma entidad" y en esa segunda cuenta "se han observado dos recibos de autónomo domiciliados".
El mensaje a Koldo y la factura bajo sospecha
Anticorrupción explica que, "una vez detectada la operación", la entidad financiera reclamó el soporte documental de dicho movimiento, "consistiendo en una factura que posee un concepto muy genérico, no permitiendo conocer el motivo concreto por el que Herrero habría cobrado el importe reflejado en la misma". El fiscal remarca igualmente que "la factura está fechada un mes antes de que se practicase la diligencia de entrada y registro en su domicilio".
El Ministerio Público recuerda además que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó una conversación de WhatsApp de abril de 2019 entre Herrero y Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, en la que el primero le escribía al segundo: "Bingo!!! En Logroño", un mensaje que los agentes relacionan con la adjudicación de esa obra.
En su declaración como investigado el pasado julio, Herrero se desvinculó de posibles amaños en contratos de obra pública y sostuvo que la expresión "bingo" aludía a la resolución de un problema en una obra en pleno proceso electoral. A la vez, afirmó haber mantenido relación con Aquaterra con posterioridad, cuando decidió trabajar como consultor tras su jubilación.
Rastreo de fondos y UTE bajo la lupa
Paralelamente, el juez del 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha remitido mandamientos judiciales a distintas entidades financieras para que faciliten la información reclamada por la Fiscalía Anticorrupción. "Toda vez que el fin perseguido por los investigados dentro de esta trama dirigida a la adjudicación de contratos de obra pública a determinadas empresas era obtener un provecho económico", indica en un auto al que ha tenido acceso esta agencia.
El magistrado solicita estos datos "para conseguir el total esclarecimiento de los hechos investigados" y seguir la pista del dinero presuntamente percibido por los investigados vinculados a Acciona. Considera imprescindible ampliar la información bancaria relativa a Aquaterra, Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet, ante "la posibilidad de que se hubiera hecho uso de las UTE constituidas con Acciona, así como de las empresas que formaban parte de éstas, para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios a los investigados".