La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña que deje en libertad, aunque sometidos a medidas cautelares, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, todos ellos investigados por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, la fiscal Elisa Lamelas ha reclamado que los tres puedan abandonar los calabozos, pero con la obligación de realizar comparecencias periódicas en el juzgado y con la retirada de sus pasaportes. Al no haberse personado ninguna otra acusación, el magistrado no tiene margen para acordar su ingreso en prisión provisional.
Los tres arrestados llegaron en un furgón policial a la sede de la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado, y el juez comenzó a interrogarles a partir de las 10.00 horas.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos el pasado miércoles por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en cumplimiento de órdenes dictadas por el juez instructor, que mantiene la investigación bajo secreto de sumario.
El procedimiento, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, analiza posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El magistrado ordenó registros y requerimientos de documentación en Madrid, Sevilla y Zaragoza en relación con sociedades vinculadas a Servinabar, la compañía que, de acuerdo con las pesquisas de la UCO, estaría relacionada con Cerdán.
Los agentes inspeccionaron las oficinas de Forestalia en Madrid y Zaragoza y se desplazaron también a la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para recabar información.
Además, la Guardia Civil acudió a Correos y a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar expedientes. Este último departamento precisó que los agentes reclamaron dos expedientes administrativos que fueron entregados «con total colaboración», subrayando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Junto a estos tres investigados figura igualmente en la causa el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, tal y como comunicó este viernes el PSPV. Fuentes consultadas por Europa Press elevan ya a más de una docena el número de personas investigadas en esta investigación.
Díez y su relación laboral con empresas de la SEPI
La exmilitante socialista también está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en otro procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, donde se analiza si habría ofrecido favores a cambio de información sobre miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Artuzo Zamarriego sostiene que la exconcejal del PSOE «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el objetivo de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante este magistrado que mantuvo dos encuentros con Cerdán, aunque precisó que lo hizo en calidad de periodista y que no guarda ninguna relación orgánica con el partido ni ofreció contraprestaciones. Asimismo, detalló su trayectoria profesional, explicando que en 2018 se incorporó a Enusa, donde permaneció hasta 2021, cuando pasó a Correos con una excedencia voluntaria para ocupar el puesto de jefa de Relaciones Institucionales, en ambas compañías dependientes de la SEPI.
Pagos de Servinabar a Vicente Fernández
En cuanto a Fernández, fue designado por el Gobierno como presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo al que renunció en octubre de 2019 tras ser imputado en el ‘caso Aznalcóllar’, relativo al presunto amaño del concurso internacional para la explotación de la mina, causa en la que finalmente fue absuelto este año.
Su nombre figura en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo dentro del ‘caso Koldo’, relativa a la información fiscal de Servinabar.
Esos informes recogen que Fernández percibió de dicha empresa 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023, y que en 2022 se le practicaron retenciones por un importe de 40.800 euros.
Segunda imputación para Alonso
Alonso, administrador único de Servinabar, también se encuentra investigado por el Tribunal Supremo en una pieza del ‘caso Koldo’ sobre una presunta trama de amaños en contratos de obra pública.
Cuando compareció el pasado 8 de julio ante el instructor, el magistrado Leopoldo Puente, el empresario negó haber abonado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de la compañía y admitió haber pagado al exasesor ministerial Koldo García por su labor como comisionista en proyectos privados de construcción anteriores a 2017.
Alonso sostuvo que siempre ha sido el único socio de Servinabar, restando validez al contrato privado de compraventa intervenido por la Guardia Civil en el que se recoge que Cerdán habría adquirido por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de la sociedad, que obtuvo contratos del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.