La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA, Francisco González, así como una sanción económica de 181 millones de euros para la entidad bancaria, de cara al futuro juicio por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta realización de diversos encargos ilícitos entre 2004 y 2006.
Según ha publicado Expansión y han ratificado fuentes jurídicas a Europa Press, el Ministerio Público dirige su acusación contra González y el banco por delitos de cohecho activo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros. La Audiencia Nacional ya había confirmado el pasado 20 de febrero el procesamiento del BBVA, de su expresidente y de varios exdirectivos del banco por estos hechos bajo investigación.
Implicación de Francisco González
Respecto a Francisco González, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, en sintonía con el criterio del juez instructor, indicó que algunos de los contratos con CENYT –el entramado empresarial de Villarejo– fueron encargados por el entonces máximo responsable del BBVA, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores”.
Los magistrados concluyeron que los indicios sostienen la posible implicación de González en los delitos de cohecho y revelación de secretos, al ser consciente de que la información que CENYT obtenía en virtud de los contratos firmados “fuera sin respetar la legalidad”. Todo ello se habría llevado a cabo recurriendo a funcionarios policiales para acceder a datos de carácter íntimo y personal y a bases de información restringidas, afectando a derechos fundamentales de las personas investigadas.
En junio de 2024, el entonces juez instructor Manuel García Castellón propuso sentar en el banquillo al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El auto de 268 páginas concluyó la investigación de la pieza separada 9 del caso Villarejo.
El origen de los hechos se sitúa en la incorporación al BBVA del entonces comisario Julio Corrochano en septiembre de 2002, con autorización expresa del presidente ejecutivo, Francisco González, lo que abrió un canal directo entre la entidad y antiguos compañeros del mando policial, entre ellos Villarejo y Enrique García Castaño.
Red empresarial de Villarejo
El juez describía cómo Villarejo, aprovechando de forma fraudulenta sus prerrogativas dentro de la Policía, habría articulado una red empresarial con la que obtener beneficios económicos gracias a su posición de privilegio y la confianza generada en otros agentes, facilitando el acceso a registros policiales y bases de datos reservadas.
Con conocimiento de esta doble actividad, Corrochano informó a González sobre la existencia de este recurso ilegal, garantizando discreción y opacidad. A partir de ahí, se suscribieron varios contratos para desarrollar distintos proyectos de inteligencia, incluyendo seguimientos, interceptación de llamadas, consultas a bases de datos personales y averiguación de patrimonio de empresarios, abogados y periodistas.