La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del 'caso Montoro' que recabe nueva documentación de Equipo Económico, el despacho señalado como epicentro de la presunta red de tratos de favor fiscales a compañías, en especial del sector gasista, durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de impulsar la investigación.
En un escrito, recogido por Europa Press, el Ministerio Público insta al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona a requerir a la Policía Judicial “hojas registrales completas, memorias” y las cuentas anuales entre 2008 y 2025 del citado despacho y de otras mercantiles, entre ellas Montoro y Asociados.
Además, la fiscal solicita que se pidan a los registros mercantiles las hojas registrales íntegras de hasta 13 sociedades diferentes. Igualmente, reclama recopilar las escrituras de constitución y de titularidad real de varias empresas, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y los documentos relativos al nombramiento del órgano de administración de cada una de ellas.
Del mismo modo, la Fiscalía requiere las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de varios de los investigados, entre los que figura el propio exministro Montoro. También pide las hojas registrales de las ocho compañías gasísticas bajo investigación en la causa.
PETICIÓN DE PRÓRROGA DE LA INSTRUCCIÓN
Asimismo, la fiscal se ha mostrado favorable a que el juez amplíe el plazo de la investigación por otros seis meses, ante “la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación”, entre ellas la toma de declaración a los investigados.
“La propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de aquellos investigados, declaración de testigos, diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, etc.”, indica.
En esta línea, la representante de Anticorrupción detalla que la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial está examinando las cuentas bancarias de los investigados. Todo ello, subraya, hace imprescindible que las pesquisas se prolonguen al menos medio año más.
En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el instructor indaga en posibles delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El juez la califica como una investigación “sumamente compleja” que ha “puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico”, consultora cofundada por el propio Montoro, “que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes”.