El Ministerio de Defensa ha decidido apartar de sus funciones al teniente coronel investigado por los fallecimientos del soldado Carlos León Rico, originario de El Viso del Alcor (Sevilla), y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar de Córdoba, ocurridos el 21 de diciembre de 2023 durante maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X en Cerro Muriano, Córdoba, según consta en una resolución del Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
Esta decisión sobre el teniente coronel Zanfaño Hidalgo, aplicada desde el pasado 9 de julio y en virtud del sumario iniciado por el Juzgado Togado Militar Central número dos, se suma a las medidas similares adoptadas en junio por el Ministerio de Defensa respecto al teniente y al comandante también investigados por estos fallecimientos en el mismo evento trágico.
El Ministerio de Defensa ya había ejecutado el cese de funciones del teniente Tato, desde el 13 de junio, y del comandante Velasco, a partir del 14 de junio, también bajo investigación en este caso judicial; en tanto en abril se había procedido de igual forma con el capitán Ignacio Zúñiga.
LA ACUSACIÓN APLAUDE LA MEDIDA
La representación de la familia del difunto soldado Carlos León Rico, liderada por el abogado penalista Luis Romero, ha indicado que con estas decisiones, el Ministerio de Defensa ha «accedido» plenamente a su demanda de cese de funciones de los cuatro mandos implicados en el caso.
En julio de 2024, recordemos, el Juzgado Togado Central Número Dos, con sede en Madrid y encargado de este caso, emitía una resolución que procesaba por estos hechos al capitán Zúñiga, el teniente Tato; el sargento Castroviejo, el teniente coronel Zanfaño, el comandante Velasco y el coronel Navarro.
En su resolución, el Togado Central Número Dos atribuía al capitán Zúñiga, el teniente Tato; el sargento Castroviejo, el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco, conforme al Código Penal Militar, dos presuntos delitos consumados contra los deberes del servicio y dos delitos más del mismo tipo, pero en grado de tentativa; mientras al coronel Navarro le imputaba un presunto delito de incumplimiento de los deberes inherentes al mando.
En cuanto a todos ellos, el juzgado les imponía la condición de libertad provisional, con la obligación «apud acta» de presentarse dentro de los cinco primeros días de cada mes en la sede de dicho juzgado togado o ante la autoridad jurisdiccional o administrativa que se designe para ello.
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Al inicio de mayo de este año, el Tribunal Militar Central resolvió los recursos de apelación de las defensas contra dicha resolución de procesamiento, aceptando completamente el recurso del sargento Castroviejo y anulando la resolución respecto a él; lo mismo ocurrió con el recurso del coronel Navarro, cuyo procesamiento fue revocado.
Además, el tribunal aceptó, pero solo parcialmente, el recurso del teniente Tato en lo referente a revocar su procesamiento exclusivamente en lo concerniente a los dos delitos intentados contra los deberes del servicio; decidiendo lo mismo respecto al teniente coronel Zanfaño Hidalgo y el comandante Velasco, a quienes también eximía de tales tipos delictivos en grado de tentativa; mientras que en el caso del capitán Zúñiga, su recurso de apelación fue también aceptado solo parcialmente.