La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en su papel de acusación popular, ha instado a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo a que revoque la decisión del juez Ángel Hurtado y “acuerde suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado” antes del juicio por la posible revelación de secretos.
Este requerimiento se ha formalizado a través de un recurso de apelación directo presentado por la APIF el lunes, que desafía específicamente el auto de apertura de juicio oral emitido por Hurtado el 9 de septiembre, rechazando su resolución de no proceder con la suspensión cautelar, pero no cuestionando el procesamiento del jefe del Ministerio Público.
La asociación ha argumentado que mantener a García Ortiz en su puesto podría causar “un agravio comparativo imposible de justificar en términos lógicos”, ya que cualquier fiscal en la misma circunstancia sería provisionalmente suspendido, impidiéndole así ejercer sus funciones. Sin embargo, no se aplicaría el mismo criterio al fiscal general del Estado, quien ocupa la posición más alta y es el rostro visible de la organización.
Además, la APIF ha subrayado que la suspensión de García Ortiz es “imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso”, pues de lo contrario, él seguiría siendo el superior jerárquico del fiscal asignado al caso, con la capacidad de influir en su desempeño.
“Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a don Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado”, concluyeron desde la APIF.
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