La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en su rol de acusación popular, ha instado al Tribunal Supremo a que suspenda temporalmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado «una vez se dicte auto de apertura de juicio oral». Esta solicitud se produce después de que la Sala de Apelación ratificase el procesamiento de García Ortiz por supuestamente dirigir y coordinar «personalmente» la filtración de una investigación sobre delitos fiscales implicando a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
En un documento al que Europa Press tuvo acceso, la APIF argumenta que «la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso», ya que de continuar García Ortiz en su cargo durante el juicio oral, «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes».
«Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz», insiste la asociación.
La APIF también señala que «no puede delegarse en los miembros del Ministerio Fiscal a los que alude el reglamento la adopción de esta medida», ya que García Ortiz como fiscal general del Estado, «no puede decidir si corresponde o no su propia suspensión cautelar» y «Debería abstenerse por tener un interés directo en el asunto».
Además, la APIF recalca que el Supremo es el tribunal adecuado para decidir sobre esta suspensión. «A fin de cuentas, resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario ya acusado», argumenta.
Recientemente, la Sala de Apelación apoyó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, solicitando hasta 6 años de cárcel. Los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, rechazaron el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz, aunque con un voto particular de Palomo.
Simultáneamente, el tribunal aceptó unánimemente el recurso de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, exonerándola al concluir que estaba obligada a informar a García Ortiz sobre las investigaciones contra González Amador.
Es importante recordar que la APIF pide que García Ortiz sea condenado a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos.