El juicio contra 11 acusados y una empresa, a los que se atribuye su implicación en una red dedicada a construir “narcolanchas” en Vigo y en el norte de Portugal, ha vuelto a ser aplazado este jueves por cuarta vez, en esta ocasión debido a la enfermedad de uno de los procesados. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha reprogramado de nuevo la vista para el mes de abril.
La celebración del juicio se había fijado inicialmente para noviembre del año pasado, pero entonces se suspendió por el cambio de abogado de uno de los encausados. Posteriormente, el 2 de febrero se llevó a cabo una sesión para tratar las cuestiones previas y se estableció el 16 de febrero como fecha de inicio de las declaraciones.
No obstante, el lunes hubo que interrumpir la jornada porque uno de los letrados se encontraba indispuesto, por lo que se trasladó el arranque al martes. Ese día, la vista volvió a frustrarse cuando el mismo abogado comunicó que le resultaba imposible llegar a tiempo al tribunal.
Este jueves, tras casi dos horas de espera —uno de los procesados no aparecía conectado por videoconferencia—, el tribunal se vio abocado a decretar una nueva suspensión. El letrado de ese acusado explicó que su cliente permanecía en cama, afectado por una ciática, y que no podía desplazarse a ningún lugar con acceso a internet para intervenir por videoconferencia.
Ante esta situación, la Audiencia ha decidido aplazar la vista, que arrancará con las declaraciones de los testigos policiales y dejará las de los acusados para el tramo final del juicio, al mes de abril. Se han fijado como nuevas fechas los días 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de ese mes. No obstante, varios abogados han avisado ya de que esas jornadas les coinciden con otros señalamientos, por lo que aún está por confirmar que el calendario pueda mantenerse.
Acusación por contrabando de embarcaciones prohibidas
La Fiscalía sostiene que los 11 procesados, junto con una empresa de transportes de O Porriño, integraban una estructura “empresarial, personal y material” que, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se habría dedicado a la fabricación de lanchas semirrígidas de alta velocidad, consideradas género prohibido, destinadas a operaciones de narcotráfico.
Por estos hechos, se les imputan delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos mediante la intervención de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los acusados se le atribuyen también delitos de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública, ya que en el registro de su vivienda se le incautaron casi 300 gramos de hachís y, en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.
Durante la investigación se detectó la construcción de al menos 19 “narcolanchas”, algunas de las cuales se pudo acreditar que participaron en alijos de hachís en el sur de la Península.
La Fiscalía solicita para los acusados penas de entre 2 y 9 años de prisión, así como el abono de multas que superan en conjunto los 80 millones de euros. Para la empresa encausada reclama una multa de 14 millones de euros, junto con dos años de prohibición para recibir ayudas o subvenciones públicas o beneficiarse de incentivos fiscales, y un año y tres meses de suspensión de sus actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.