Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón en funciones han presentado ante el juez Juan José Cortés, responsable del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Teruel, que instruye el caso “Forestalia”, una solicitud formal para intervenir en la causa como perjudicado, con la intención de pasar posteriormente a ejercer la acusación particular y, en su caso, promover acciones legales de tipo civil o penal.
Así lo ha comunicado este viernes en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en funciones, Mar Vaquero, quien ha avanzado igualmente que se procederá a revisar de forma exhaustiva toda la documentación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
El Gobierno autonómico pretende personarse “para defender los intereses de Aragón, de todos los aragoneses, ante situaciones que se puedan llevar a cabo por esta empresa y que nos conviertan en víctimas con la colaboración de esos altos cargos de Gobiernos socialistas” de España y Aragón.
“Lo que quiere el Gobierno de Aragón es que las cosas se hagan bien y que el INAGA no sea un instrumento para favorecer o apoyar conductas corruptas, que sea un organismo que facilite la actividad económica, el control medioambiental y el cumplimiento de la legislación”.
“Son hechos muy graves”, ha subrayado Mar Vaquero, aludiendo a la investigación que desarrollan la Guardia Civil y el Juzgado número 1 de Teruel sobre la evaluación ambiental de proyectos de energías renovables impulsados por Forestalia “durante la etapa del Gobierno socialista anterior”, ha insistido, remarcando que “el foco” se sitúa en el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y que podría alcanzar al anterior Ejecutivo aragonés presidido por el PSOE, apuntando además a posibles vínculos con otros casos de corrupción ya en los tribunales, como los de Koldo, Ábalos y Cerdán.
La personación en el procedimiento penal permitirá al Gobierno de Aragón acceder a toda la documentación que se analice y conocer en tiempo real la evolución de la causa.
Vaquero ha reiterado la “colaboración” del equipo de Jorge Azcón con el juzgado y con la Guardia Civil “para facilitar cualquier tipo de información”, y ha recordado que Azcón ya avanzó su propósito de impulsar una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y de revisar “todos y cada uno de los documentos que existan en cualquier organismo y que puedan tener relación con estos hechos”.
La vicepresidenta ha recalcado que el actual Gobierno de Aragón “no ha tenido participación en la tramitación” del proyecto del Clúster del Maestrazgo, igualmente bajo la lupa judicial, y ha precisado que el Ejecutivo permanece a la espera de lo que determinen los tribunales, manifestando su “total respeto” a las resoluciones judiciales.
“Es muy importante respetar los tiempos de trabajo de la Justicia y la Policía”, que están llevando a cabo “un exquisito trabajo”, ha añadido Vaquero, poniendo en valor la “credibilidad” de sus pesquisas y reclamando “control, transparencia y seguridad jurídica” en todo lo vinculado con los proyectos de energías renovables.
El Ejecutivo autonómico se encuentra “alineado” con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en esta materia, ha indicado Vaquero, quien ha recordado que Azcón ya avanzó en campaña electoral su compromiso de “reformar todos los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica del INAGA” y que fue el PP quien durante la campaña “denunció prácticas irregulares en la tramitación de proyectos de renovables”.
Ha añadido que Azcón modificó la dirección del INAGA, reforzó su plantilla y frenó la “purga de funcionarios que se negaban a participar en ciertas prácticas”. La DGA ha remitido a la Cámara de Cuentas toda la documentación del INAGA solicitada en relación con este asunto, si bien se han encontrado obstáculos técnicos por la incompatibilidad de los sistemas informáticos.
En cuanto a la propuesta de transformar el INAGA en una Dirección General del Gobierno de Aragón, planteada por algún colectivo ecologista, Vaquero ha defendido que el instituto debe ser “útil” para impulsar la actividad económica, reforzar el control medioambiental y actuar con “rigor, transparencia y seguridad jurídica, independientemente de que sea un organismo autonómico o una Dirección General”, al tiempo que ha reconocido la labor de los “auténticos profesionales” del INAGA y ha lamentado la “tensión” que están soportando.