Los representantes legales de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, han presentado ante el Tribunal Supremo argumentos que buscan demostrar que Cerdán es víctima de una ‘presunción de indecencia’, enfatizando que no existe riesgo de que interfiera con las pruebas, durante una sesión este martes para revisar su apelación y solicitar la revocación de su encarcelamiento provisional, impuesto por supuestos vínculos con una red de corrupción en el ‘caso Koldo’.
Desde fuentes judiciales, se ha comunicado que los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo han argumentado que las condiciones que llevaron a su encarcelamiento, como el riesgo de manipulación de evidencias señalado por el juez Leopoldo Puente, podrían haberse mitigado tras un registro adecuado después de que Cerdán perdiera su inmunidad parlamentaria el 16 de junio.
Además, han informado que Cerdán cedió su móvil a su familia y no ha salido de su casa desde entonces. También han dado aviso al TS sobre un reciente cambio de domicilio de la familia, sin que se tomaran acciones al respecto. Sostienen que ha habido tiempo suficiente para realizar registros si se consideraba necesario. Incluso, los defensores han sugerido que los investigadores podrían estar subestimando la actividad de Cerdán, insinuando que lo consideran ‘un delincuente vago’.
Durante la audiencia, también se ha mencionado la crítica del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, hacia la declaración de Cerdán el 30 de junio, describiéndola como una ‘entrevista amable’ y casi un ‘masaje’, por no ser un interrogatorio exhaustivo. Los abogados han replicado que no se respondió porque ni el juez ni el fiscal propusieron preguntas concretas.
LOS AUDIOS DE KOLDO
Los letrados han solicitado verificaciones adicionales sobre las grabaciones realizadas por Koldo García, ex asesor ministerial, que podrían ser clave en la investigación, asegurando que se han recopilado con dispositivos proporcionados por el guardia civil Rubén Villalba, según investigaciones de la Audiencia Nacional. Han indicado que hasta la fecha, los detalles son demasiado generales y faltan especificaciones concretas.
Finalmente, en respuesta a la solicitud de la UCO de información sobre las visitas a Cerdán en prisión, el juez ha ordenado incorporar estos datos al caso, aunque Instituciones Penitenciarias ha asegurado cumplir con las normativas judiciales vigentes. Luzón ha reiterado que el riesgo de afectar las pruebas aún es significativo, mientras que las acusaciones populares muestran divisiones sobre la necesidad de mantener a Cerdán en prisión. La decisión final sobre el recurso de apelación recae ahora en la Sala de Apelación.