El principal procesado por el transporte de casi 3.000 kilos de cocaína en el buque Simione, el armador Pablo G.C., se ha desmarcado este jueves de ese envío de droga. Ha precisado que no era el dueño de la embarcación y que su única intervención fue tramitar la documentación de los tripulantes desde Angola hasta Senegal, sin asumir responsabilidad sobre el último tramo de la ruta (de Dakar a un astillero de Portugal), fase en la que se habría efectuado la carga de la cocaína.
Ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Pablo G.F., en prisión provisional por su presunta implicación en la construccion de un “narcotúnel” en Ceuta (y con otra causa pendiente por prostitución lucrativa), ha explicado que se ocupó de las gestiones para explotar comercialmente el Simione, dentro de su actividad profesional como armador.
Según su versión, entre noviembre y diciembre de 2022 se encargó de organizar los suministros y la documentación de la tripulación para que el barco pudiera navegar desde Luanda (Angola), con siete angoleños y un español a bordo (el acusado José Antonio C.R.), hasta un astillero en Viana do Castelo (Portugal), donde el Simione iba a ser sometido a una reforma completa. No obstante, ha indicado que surgieron trabas administrativas y problemas con el combustible, lo que obligó a hacer escala en Dakar (Senegal) y a relevar a la tripulación, momento en el que se incorporó otro de los acusados, José Javier F.V.
Desde ese punto, ha insistido ante el tribunal, el resto del viaje dejó de estar bajo su control y pasó a manos de un tercero, un operador marítimo de Mauritania que, según ha dicho, asumió la gestión del buque. Fue precisamente en ese tramo cuando el Simione se desvió hacia Cabo Verde para cargar la cocaína. El 18 de diciembre de 2022, la Guardia Civil abordó el barco y se incautó del estupefaciente.
En su testimonio ha rechazado haber proporcionado las coordenadas del punto de alijo a los marineros españoles, alegando que únicamente dio instrucciones para la derrota entre Luanda y Dakar. También ha negado haberse puesto de acuerdo con el resto de procesados para organizar el transporte de la droga.
En la vista de este jueves ha declarado igualmente el jefe de máquinas, el angoleño Mabakala P., quien ha manifestado que desconocía el propósito ilícito del viaje y que le habían dicho que, rumbo a Viana do Castelo, recogerían unas piezas de barco robadas, no cocaína. Ha relatado que solo comprendió lo que ocurría cuando localizó en la bodega los fardos con la sustancia, y ha añadido que tomó fotos y vídeos con su teléfono, pero que no logró contactar con su familia, su superior ni con las autoridades para denunciarlo.
Conclusiones de la Fiscalía y peticiones de pena
En la fase de conclusiones, y aplicando la atenuante de confesión tardía, el fiscal ha reducido la solicitud de condena para el acusado José Javier F.V., que admitió su implicación durante el juicio. La petición pasa de 11 años y medio de prisión a 7 años y 3 meses, además del abono de dos multas de 110 millones de euros.
También ha rebajado la pena solicitada (de 8 años y medio a 6 años y un día de cárcel) para Argentino R.E., igualmente por reconocer los hechos. A este procesado se le atribuye un delito de tráfico de drogas tras la incautación, en su vivienda de Ponte Caldelas, de un kilo de cocaína, un kilo de heroína, hachís, básculas de precisión y dinero en efectivo.
Respecto al resto de acusados, el Ministerio Público mantiene su petición de 13 años de prisión para Pablo G.F.; 11 años y 9 meses para el capitán del barco, José Antonio C.R.; y 11 años y medio de cárcel para Mabakala P.
Para la Fiscalía, Pablo fue quien organizó el narcotransporte, concertándose con los demás implicados, extremo que, sostiene, se desprende de las conversaciones intervenidas y de los mensajes intercambiados. Así, pese a que intente “responsabilizar a un tercero”, el fiscal lo sitúa como cabecilla que actuó en “connivencia” con los tripulantes.
Argumentos de las defensas
La defensa del tripulante angoleño ha defendido que su cliente debe ser absuelto porque la única prueba en su contra es que “estaba a bordo, pero eso no significa que supiera lo que se iba a hacer”. Ha recordado además que Mabakala ya trabajaba en el Simione con un armador anterior, por lo que resultaba lógico que se contara con él para esta travesía.
Por otro lado, el abogado de Pablo G.F., que ha pedido la nulidad de las actuaciones por supuestas irregularidades en la citación de testigos y en la tramitación de una comisión rogatoria a Ghana, ha reclamado la absolución de su defendido y ha señalado a una “tercera persona”, el gestor naval que asumió el barco en Dakar. Se trataría de alguien que está “desaparecida” y a quien la Policía “no buscó”, y que aparece en un contrato firmado por Pablo “que la Fiscalía no quiso tener en cuenta”.
Según este letrado, esa tercera persona es “el único responsable” del alijo y Pablo no sería más que “un armador de aquella manera”. “No hay ni una sola prueba contra él, ni una sola vinculación”, ha reiterado, subrayando que todos los indicios son “endebles”.
El representante legal de José Antonio C.R. ha solicitado que también se le aplique la atenuante de confesión tardía, al haber reconocido los hechos en el juicio, tal y como ya hizo ante la Policía y durante la instrucción. Este acusado fue quien, en un primer momento, señaló a Pablo G.F. como la persona que le había contratado para recoger la droga y le había proporcionado las coordenadas del punto de alijo.
Sin embargo, en el plenario, el capitán del Simione matizó su versión y sostuvo que, en realidad, existía un tercer hombre al mando de la operación, del que no quiso facilitar datos por “miedo” a poner en riesgo su seguridad y la de su familia.