La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han asegurado ante el Tribunal Supremo (TS) que, cuando dirigían los gobiernos de Baleares y Canarias, respectivamente, no dieron instrucciones para adjudicar contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, la compañía relacionada con el empresario Víctor de Aldama.
El juicio ha comenzado este martes en el Salón de Plenos del TS con la lectura, por parte de la letrada de la Administración de Justicia, de las declaraciones escritas remitidas por ambos dirigentes como testigos. En esta causa, Ábalos y Koldo se enfrentan a solicitudes de condena que pueden alcanzar los 30 años de prisión, mientras que para el tercer procesado, Aldama, se reclaman 7 años tras haber admitido los delitos.
En su escrito, según se ha dado lectura en la vista oral, Armengol explica que, durante la pandemia, como presidenta del Govern balear no intervenía en la tramitación concreta de los expedientes administrativos ni asumía la contratación directa, de modo que no realizó indicaciones sobre qué empresas debían ser contratadas, “ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro”.
La expresidenta autonómica admite que, transcurridos seis años, no puede rememorar todas las comunicaciones que mantuvo entonces y apunta que no excluye que entre sus interlocutores “pudiese encontrarse García”.
“De hecho, con posterioridad, pude saber, como consecuencia de publicaciones del sumario en medios de comunicación, que al parecer me envió algún mensaje a través de la aplicación WhatsApp”, ha admitido.
A continuación, ha querido dejar claro que “nunca” habló con Koldo “ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra” y que, en relación con Ábalos, igualmente “nunca” mantuvo conversación “sobre ninguna contratación de material sanitario”. “Ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo y, obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora de material sanitario”, ha añadido.
Ha precisado también que, en aquellas fechas, sus contactos con el entonces ministro de Transportes se limitaron a cuestiones “referidas esencialmente al cierre de puertos y aeropuertos”.
Respecto a Aldama, Armengol ha manifestado que desconocía cuál era su función y que tampoco “nunca” intervino en “conversación alguna sobre la contratación objeto de juicio”.
Ha recalcado que “mientras he sido presidenta de las Islas Baleares, nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Por tanto, en esta afirmación, incluyo, claro está, a la sociedad Soluciones de Gestión”, en referencia a la mercantil señalada como eje de la trama, que percibió 3,7 millones de euros del Govern balear por suministros sanitarios.
Además, ha subrayado que, durante su mandato, no recibió “ningún tipo de orden o presión” para orientar contratos públicos. “Así como tampoco tuve conocimiento de que algún cargo público o persona vinculada a la administración recibiese órdenes o presionase para que se comprara a determinados proveedores”, ha insistido.
Torres sostiene que la contratación en Canarias se hizo con “rigor”
En cuanto a Ángel Víctor Torres, en su declaración escrita, leída igualmente en sala, detalla los distintos encargos de mascarillas que el Servicio Canario de Salud realizó a Soluciones de Gestión.
El expresidente de Canarias precisa que la empresa ligada a Aldama suministró más de 5 millones de mascarillas por un total de 12,3 millones de euros, de los que 11,8 millones correspondieron al propio material y 447.061 euros a costes de transporte.
Torres indica que tuvo conocimiento de los expedientes de contratación cuando Koldo se puso en contacto con él para trasladarle “su preocupación por la falta de respuesta e incumplimiento de condiciones contractuales” por parte de Soluciones de Gestión.
“Al recibir esta preocupación y verificar que existían compromisos pendientes de cumplimiento entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil Soluciones de Gestión, hice un seguimiento de estos expedientes para tener la tranquilidad que se le daba la correcta respuesta administrativa, respetando en todo momento las decisiones que los servicios técnicos y jurídicos del Servicio Canario de Salud entendían más adecuadas ante cada circunstancia”, ha expuesto.
Según relata, su intervención se limitó “a hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a su contratación, cuyas principales decisiones y resoluciones fueron adoptadas por los servicios competentes del Servicio Canario de la Salud”. “En todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor de la mercantil”, ha defendido.
El ministro añade que este tipo de actuaciones de supervisión sobre expedientes con incidencias en el cumplimiento de compromisos “fueron habituales” en su gestión en aquel periodo.
Y concluye destacando que “todas las instancias administrativas fiscalizadoras que han auditado estos expedientes” han determinado que “fueron realizados con rigor técnico y administrativo”.