La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio por la presunta operación de espionaje denominada 'Kitchen', que, según la investigación, habría sido impulsada en 2013 por la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, con la finalidad de sustraerle documentación sensible sobre el partido y sus dirigentes vinculada a la causa del 'caso Gürtel'.
Los procesados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, han ido llegando desde las 9.30 horas a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
Durante esta primera semana de vista oral, presidida por la magistrada Teresa Palacios, el tribunal se centrará en resolver las cuestiones previas planteadas por las partes.
A su llegada a los juzgados, Villarejo ha declarado ante los medios que confía en que la verdad “prevalezca” y ha sostenido que el tribunal “se está dando cuenta de que casi todo era humo”.
El excomisario ha tildado al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán de “un impresentable” y ha cuestionado la ausencia en la causa de figuras como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, “que ni siquiera está aquí citada”.
El mando policial retirado ha insistido en que ha sido “un humilde agente de inteligencia” sobre el que se decidió cargar todas las responsabilidades, al entender que era “la percha” para que le “cayeran todas las cosas”.
Vestido con una corbata azul con escudos de la Policía Nacional y una cruz al mérito policial, ha asegurado sentirse “muy orgulloso de haber sido un miembro” del cuerpo, remarcando que “otra cosa” es la actuación de determinados “mandos” del CNI y de la Guardia Civil que, a su juicio, habrían tratado de “desprestigiar” a la Policía.
“Allá ellos, los traidores que han participado, algunos colegas que a cambio de cuatro baratijas han participado en esto”, ha remachado.
El propósito de la operación: hacerse con los archivos de Bárcenas
La Fiscalía Anticorrupción reclama para el exministro Jorge Fernández Díaz una pena de 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación, al considerarle uno de los diez acusados por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
En su escrito, el Ministerio Público sitúa el origen de la supuesta trama en la primera mitad de 2013. Explica que “desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia”.
Anticorrupción sostiene que dicha operación estaba “dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes” en el procedimiento del 'caso Gürtel' que se seguía en la Audiencia Nacional.
El objetivo concreto habría sido localizar y apoderarse de los archivos que “pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa”.
“Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al mentado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5”, añade la Fiscalía.
En “la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio” habrían intervenido también los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño; el inspector jefe Andrés Gómez Gordo y el entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
La familia Bárcenas ejerce la acusación particular
Anticorrupción solicita igualmente 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; para Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, y para Andrés Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la petición se eleva a 19 años de cárcel, mientras que para Sergio Ríos reclama 12 años y cinco meses de prisión, además de la anulación de su nombramiento como funcionario policial.
En el caso de Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía en el periodo en el que se habría desarrollado el supuesto espionaje, la Fiscalía interesa una condena de dos años y medio de prisión.
También figuran como acusados los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque el Ministerio Público ha pedido el archivo respecto de estos tres al no apreciar indicios suficientes.
El exresponsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, no será juzgado al haberse declarado su “incapacidad mental sobrevenida” tras sufrir un ictus en 2022.
PSOE y Podemos están personados como acusación popular, mientras que la acusación particular la ejercen Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo, vocalista del grupo Taburete.
El papel del chófer y los informes a Fernández Díaz
De acuerdo con Anticorrupción, el entonces DAO, con “el acuerdo pleno” de Fernández Díaz y Martínez, contactó con Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, que “desde su puesto de conductor no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas, hacía gestiones privadas propias” del extesorero y de su esposa.
El pacto alcanzado con Ríos habría permitido que, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, facilitara “de forma exhaustiva e individualizada” información sobre las reuniones y desplazamientos de Bárcenas y de Rosalía Iglesias.
Como compensación, siempre según la Fiscalía, Ríos percibió 2.000 euros al mes con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, hasta sumar presuntamente 54.000 euros, además de recibir una licencia de armas y una pistola.
El mecanismo descrito por Anticorrupción indica que Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo trasladaban a Pino y Martínez los datos y documentos relativos a Bárcenas que Ríos les proporcionaba. Estos, a su vez, “reportaban toda esta información a Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior”.
Más de cien testigos: Rajoy, Cospedal, Sáenz de Santamaría y Marlaska
A lo largo del juicio está previsto que declaren más de un centenar de testigos, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, citada el 23 de abril; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que comparecerá el 27 de abril, y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llamado para el 11 de mayo.
El 20 de abril declararán el propio extesorero del PP y Rosalía Iglesias, así como el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, Manuel Morocho. Guillermo Bárcenas comparecerá el mismo día que Rajoy y Cospedal. La Audiencia Nacional prevé que los acusados testifiquen en último lugar, los días 14, 18 y 19 de mayo.
Entre las testificales también figuran el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, citado el 14 de abril, y el coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que declarará el 20 de abril.
La vista se celebrará de forma alterna en las sedes de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y en la capital, en función de la semana de señalamiento.