La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes el juicio contra ocho acusados y varias sociedades mercantiles señalados por su presunta implicación en una trama de estafas hipotecarias continuadas que habría operado entre 2006 y 2012, perjudicando a decenas de personas en situación de extrema precariedad económica.
La Fiscalía les atribuye un delito continuado de estafa agravada y reclama para el principal acusado una condena de ocho años de prisión y una multa de 24 meses, mientras que para varios de los supuestos intermediarios solicita penas de hasta siete años de cárcel.
Para otros procesados, el Ministerio Público pide condenas que llegan a los cuatro años de prisión. Junto a las penas de cárcel, se reclaman cuantiosas indemnizaciones civiles, tanto de forma directa a los acusados como con carácter subsidiario a las empresas implicadas, con el fin de compensar a las víctimas por las cantidades que se fijen en la ejecución de la sentencia.
En la fase de cuestiones previas, las defensas han presentado al tribunal diversa documentación relativa a las escrituras de los préstamos hipotecarios suscritos por los afectados, procedentes de distintos lugares de España.
En esta primera jornada han declarado los funcionarios de la Policía Nacional que llevaron el peso de la investigación. El responsable del grupo investigador ha explicado que el caso se abrió tras recibir varias denuncias en distintas comisarías de Madrid, lo que permitió detectar un patrón común en el modo de operar de la presunta estafa.
El agente ha detallado que una de las denunciantes se encontraba en una situación de extrema urgencia económica y precisaba liquidez inmediata, por lo que contactó con los acusados a través de un anuncio en el que se ofrecía financiación rápida mediante un crédito hipotecario, sin someter la operación a los controles habituales. Según su relato, las víctimas firmaban letras de cambio confiando en la operación, pero no recibían copia de la documentación que rubricaban.
Una letra de cambio es un documento mercantil mediante el cual una persona se comprometía a pagar una cantidad de dinero en una fecha determinada a favor de otra, en este caso, los acusados.
Una red de préstamos hipotecarios bajo sospecha
Según el escrito de acusación, el principal procesado, administrador único de IRISAN Hipotecas S.L., IRISAN Gestión Hipotecaria S.L. y TRIA A.I.L.V. S.L., habría ideado y dirigido presuntamente “un entramado financiero basado en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria bajo condiciones abusivas y engañosas”.
La Fiscalía sostiene que este acusado impulsó una agresiva campaña de publicidad con reclamos como “dinero rápido”, “créditos en un día” o “cancelamos embargos”, dirigida específicamente a personas con graves problemas económicos y necesidad urgente de obtener dinero.
Una vez captados los clientes, la operativa se articulaba a través de intermediarios encargados de negociar y cerrar los préstamos. De acuerdo con la acusación, los afectados acudían a la notaría convencidos de que iban a recibir una suma concreta, pero al momento de la firma se encontraban con escrituras que no se correspondían con lo previamente acordado.
El Ministerio Público destaca que, en muchos casos, las cantidades que figuraban como entregadas en efectivo nunca se llegaron a abonar, pese a aparecer recibís firmados en la documentación.
Asimismo, las letras de cambio se endosaban de forma casi inmediata a sociedades vinculadas al principal acusado o a personas de su círculo, lo que hacía prácticamente imposible que las víctimas pudieran cancelar la deuda y generaba intereses de demora desorbitados. Esta dinámica derivaba, según la Fiscalía, en procedimientos de ejecución hipotecaria que permitían a los acusados adjudicarse viviendas por importes muy inferiores a su valor real de mercado.
La causa judicial detalla decenas de operaciones concretas, con préstamos que iban desde los 15.000 hasta más de 80.000 euros, en las que los perjudicados solo llegaban a percibir una fracción del capital prometido, perdiendo en numerosos casos su vivienda habitual al no poder afrontar los pagos.