Dos personas han sido arrestadas en Madrid a instancias de la Fiscalía Europea (EPPO) por su presunta implicación en un fraude de 3,3 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea dirigidos a impulsar la creación de empleo.
La causa, coordinada por la Fiscalía Europea con la colaboración de la Guardia Civil de Salamanca, el Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se centra en un supuesto delito continuado de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales que se habría extendido durante 15 años, según ha detallado la EPPO en una nota.
En el curso de las pesquisas, la Fiscalía Europea sostiene que "el sospechoso habría creado una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas por operaciones ficticias, incluyendo una empresa supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de Portugal y España".
Del mismo modo, el organismo comunitario ha señalado que "el sospechoso habría utilizado cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal, bajo su control, para ocultar los beneficios de la actividad delictiva".
Dentro de la operación, "se llevaron a cabo registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los sospechosos tanto en las provincia de Zamora como de Salamanca", ha añadido la EPPO, en referencia a las actuaciones practicadas en ambas provincias.
Bloqueo de cuentas y embargo de más de 40 propiedades
En el dispositivo se han bloqueado más de una docena de cuentas bancarias con saldos que superan los 550.000 euros y se han acordado medidas cautelares sobre más de 40 inmuebles, tanto urbanos como rústicos, situados en Zamora y Salamanca.
Uno de los arrestados este miércoles es el responsable de tres asociaciones sin ánimo de lucro que recibieron más de 20 ayudas del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025. Según la investigación, habría tramitado para las tres entidades las mismas subvenciones, destinadas a promover el empleo y favorecer el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.
La Fiscalía Europea ha precisado que "sin embargo, la investigación ha revelado que, en algunos casos, los trabajadores de las asociaciones contratados con cargo a fondos de la UE eran familiares del sospechoso, que en realidad trabajaban para él, en ocasiones para la promoción del vino producido por su bodega localizada en la provincia de Zamora".
Las diligencias apuntan también a que las ayudas se habrían obtenido con la colaboración de la pareja del principal sospechoso, que ocupa un cargo público y habría aprovechado su posición para facilitar el presunto esquema fraudulento.
Según el comunicado, parte relevante del dinero se habría dirigido a la adquisición de bienes inmuebles y a financiar la puesta en marcha de la bodega del investigado en una localidad zamorana.