La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha denunciado «la falta de neutralidad» del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) durante su actuación como jurado popular en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Los abogados han lamentado la poca «imparcialidad» que en su opinión ha regido la Junta del ICAM presidida por Eugenio Ribón, que ha realizado «un torticero uso político» de la institución colegial, «destinando su actuación a la defensa de los intereses» de González Amador y «de las personas de la Presidencia de la Comunidad de Madrid relacionadas con el mismo».
Así lo han sostenido en un comunicado, que ha recogido Europa Press, donde también han cargado contra la «disfrazada» denuncia de «la vulneración al derecho a la confidencialidad» de las comunicaciones entre Fiscalía y defensa al utilizar «una doble vara de medir» según si la violación provenía del Ministerio Fiscal o del abogado de la pareja de Ayuso.
Según ALA, el ICAM ha mostrado durante el juicio a García Ortiz una «inusitada celeridad en la respuesta», con un confesado «despliegue sin precedentes de acciones legales y de respuesta». Han puesto como ejemplo un comunicado emitido el 14 de marzo de 2024, el mismo día que la Fiscalía publicó una nota de empresa para aclarar el recorrido de las negociaciones de conformidad con González Amador.
«UN DESORBITADO Y SOBREACTUADO PROTAGONISMO»
También han afirmado que el ICAM ha presidido su actuación con un «desorbitado y sobreactuado protagonismo», afirmando actuar, «no solo en nombre de la abogacía madrileña», sino «en nombre de la sociedad en su conjunto», pretendiendo propagar «la falacia que la postura procesal, parcial, de la Junta del ICAM representa a toda la sociedad».
La asociación de abogados ha recordado que siendo acusación popular, el colegio presidido por Eugenio Ribón se ha posicionado «de forma jurídicamente innecesaria», y «conforme a las tesis de la defensa de los intereses» de González Amador, como por ejemplo afirmando que se le habían provocado «perjuicios reputacionales de índole social y económica».
Igualmente, han lamentado que el ICAM llegara a afirmar «con extrema y osada rotundidad» que, con los hechos que considera acreditados, «resulta indudable la contaminación del órgano judicial en la ulterior fase de enjuiciamiento» de la pareja de Ayuso, «uniéndose así nuevamente a la estrategia mantenida por su defensa de instar nulidades en su posterior enjuiciamiento».
«El escrito de acusación del ICAM incluye la llamada conexión Moncloa, mencionando incluso a ‘la Presidencia de Gobierno’ en la relación de los hechos de su escrito de acusación, sin la mínima relación con los hechos enjuiciados, hasta el punto que es una cuestión vetada en el presente asunto desde la fase de instrucción», prosiguen en su explicación.
SILENCIO ANTE LA «FILTRACIÓN» DEL ACUSADO
Paralelamente a todo lo anterior, según ALA, ICAM ha mantenido «un clamoroso silencio» ante la «filtración» de un correo remitido por el Ministerio Público al abogado de González Amador, «hecho público nada menos que por el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid», difundiendo así «el bulo de que la Fiscalía ofrecía un pacto, cuando en realidad, había sido al revés».
«La Junta del ICAM no ha iniciado acción alguna de denuncia, ni siquiera un expediente informativo al letrado del señor González Amador», añaden, recordando que el Estatuto de la Abogacía establece que «el deber de secreto profesional del profesional de la Abogacía comprende todas las comunicaciones que, como profesional de la Abogacía, haya recibido en su ejercicio profesional».
Para la asociación de abogados ello incluye «obviamente» los correos recibidos por la Fiscalía, ante cuya «filtración» el ICAM «ni ha hecho el mínimo pronunciamiento público sobre tan grave actuación». «No ha hecho absolutamente nada», han concluido.