Asociaciones judiciales alertan sobre la presión indebida del Gobierno tras la sentencia al fiscal general

Asociaciones judiciales critican la 'presión inaceptable' del Gobierno tras la sentencia al fiscal general, destacando la amenaza a la independencia judicial.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la toma de posesión de Carmen Eiró como nueva Fiscal Superior de Galicia el pasado 17 de septiembre.Gustavo de la Paz - Europa Press

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han expresado su ‘profunda preocupación’ por las críticas que, desde distintos ámbitos políticos, incluidos miembros del Gobierno, se han lanzado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Estas críticas son vistas como una ‘presión inaceptable’ que podría afectar la independencia del Poder Judicial.

En un comunicado emitido el jueves, estas asociaciones subrayaron que tales acusaciones de parcialidad y las descalificaciones públicas hacia los jueces ‘generan una presión inaceptable sobre la función jurisdiccional y amenazan la separación de poderes’. Además, recalcaron que la independencia de los jueces no solo es una prerrogativa de estos, sino una garantía ciudadana para la resolución imparcial de conflictos, libre de influencias políticas.

Además, han denunciado que las recientes declaraciones de políticos y miembros del Ejecutivo constituyen ‘un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes’, pilares fundamentales del Estado de Derecho en España y la Unión Europea.

APELAN A LA ‘RESPONSABLIDAD INSTITUCIONAL’

Las asociaciones hicieron un llamamiento a la ‘responsabilidad institucional de todos los poderes públicos, especialmente del Gobierno, para fomentar un ambiente de respeto institucional que la ciudadanía demanda y que está protegido por la Constitución’. Enfatizaron que sembrar dudas infundadas sobre la labor de los jueces solo sirve para incrementar la desconfianza y profundizar la división social.

Destacaron que cuestionar la imparcialidad de los jueces o sugerir motivaciones políticas en sus decisiones promueve un relato falso y perjudicial que sugiere que las decisiones judiciales se basan en afinidades ideológicas y no en un análisis riguroso de los hechos y la ley aplicable.

Finalmente, recalcaron que las resoluciones judiciales se toman en base a la ley, sin influencias políticas, como garantiza la Constitución, y recordaron que las garantías procesales y las vías legales de revisión son suficientes para asegurar la justicia en cada caso.

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